Tegucigalpa. Este martes, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó la tercera entrega de su serie Estado de País 2025, donde analizó la situación de la corrupción en Honduras. En el informe, la organización destacó que la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones sigue creciendo, afectando directamente la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del país.

En el análisis dedicado al sector democracia y transparencia, la ASJ reveló que el financiamiento de las instituciones de control sigue siendo marginal. Entre 2022 y 2024, estas instituciones recibieron apenas el 0.4% del presupuesto general de la República, una cifra que refleja la falta de prioridad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de control del uso de recursos públicos.

En contraste, el presupuesto del Congreso Nacional fue 25% mayor que el destinado a las instituciones de control en ese mismo periodo. Además, desde 2022, el Congreso ha destinado 613.6 millones de lempiras en subvenciones que aún no han sido liquidadas, lo que representa el 21% de su presupuesto en 2023 y 2024.

El informe también resalta la insuficiencia de la respuesta estatal en el combate a la corrupción. En 2024, apenas el 5.1% de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas fueron remitidas al Ministerio Público, y la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de solo 1.1%. De las 2.535 denuncias recibidas por el Ministerio Público, solo 129 derivaron en requerimientos fiscales, y apenas 28 resultaron en sentencias condenatorias. Además, destaca que, a pesar de la escasa cantidad de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que fueron 324 en 2024, la institución sigue enfrentando una gran acumulación de solicitudes no respondidas. En muchos casos, el IAIP tarda hasta un año en resolver, aunque el plazo establecido por la ley es de solo 10 días hábiles.

Otro indicador de la falta de resultados en la lucha anticorrupción es que en 2024 Honduras registró su peor puntaje histórico en el índice de percepción de la corrupción por decimoquinto año consecutivo. Esto ha provocado que el país continúe fuera de la Cuenta de Milenio, al no aprobar los indicadores relacionados con el control de la corrupción. Otros índices internacionales también reflejan un panorama preocupante. En el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Honduras se encuentra en los últimos lugares de América, y en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, a pesar de una leve mejora de 0.41 a 0.42 puntos a nivel regional, solo supera a Nicaragua.

El sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) también revela que 7 de cada 10 hondureños consideran que existe corrupción en las instituciones gubernamentales y los partidos políticos.

A pesar de esfuerzos como la creación del Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2023-2025, con un 36% de cumplimiento en sus 14 compromisos, la promoción de una cultura de transparencia con la participación de 2,938 servidores públicos, y la instalación del Sistema 130 para recibir denuncias, los resultados siguen siendo escasos para combatir la corrupción sistemática en Honduras.

En este contexto, la ASJ recomienda al Poder Ejecutivo desarrollar mecanismos de monitoreo y seguimiento de las iniciativas anticorrupción, fortalecer la autonomía y financiamiento de las instituciones de control, y avanzar en la negociación con las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Asimismo, insta al Congreso Nacional a cumplir con sus funciones constitucionales con transparencia, transformar las normativas internas que otorgan poder discrecional a la Junta Directiva y priorizar la legislación para la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH.