Tegucigalpa. Honduras alcanza los 1,156 días sin avances concretos en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa emblemática de la presidente Xiomara Castro que hoy se perfila como otro compromiso incumplido.

Según análisis de expertos, la falta de voluntad política, los obstáculos burocráticos y los recientes escándalos de corrupción electoral hacen inviable su implementación en los ocho meses restantes de esta administración.

En entrevista con Radio Cadena Voces, el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo que es imposible que la CICIH se instale en los meses que quedan de la administración de Castro.

Orellana destacó que, tras las elecciones primarias del 9 de marzo, marcadas por denuncias de fraude y coerción, los actores políticos «piden impunidad» en lugar de transparencia.

«Podrán decir en campaña lo de la instalación de la CICIH, pero no pasará más porque no les conviene por lo sucedido en las elecciones primarias, porque hubo corrupción y eso lo investigará la Comisión», agregó.

Para el exsecretario de Transparencia, resulta alarmante la pasividad del Ministerio Público frente a los delitos electorales cometidos durante las elecciones primarias del 9 de marzo.

«Si no actuaron ante crímenes en flagrancia, ¿qué garantía hay de que lo harán ahora? «Se necesita una investigación expedita, pero el proceso avanza con una lentitud preocupante», denunció.

Orellana fue más allá al calificar a la Fiscalía como una entidad «reducida a un papel de observadora», incapaz de enfrentar los escándalos más graves del país.

«La Fiscalía está convertida en una institución observadora nada más de los acontecimientos más groseros del país como la corrupción y el narcotráfico, es muy difícil que una sola persona levante al Ministerio Público», añadió.

Sobre los narcotraficantes extraditados, aclaró que pueden ser juzgados en Honduras por delitos locales, aunque ya hayan sido condenados en Estados Unidos.

«Nosotros aquí nuestro deber es investigarlos y condenarlos por delitos cometidos en Honduras. Que el delito de aquí coincida con el de allá es otra cosa, pero no quiere decir que Estados Unidos los condenó porque infraccionaron las leyes penales de Honduras. No, es porque infraccionaron las leyes penales de Estados Unidos», concluyó.