Cerpas explicó que al menos 1,400 de estas cámaras ya están activas y operando dentro del sistema, ubicadas en puntos estratégicos de los departamentos donde se registra mayor flujo de personas y altos índices de criminalidad. “Ya hay cámaras en Danlí y Yuscarán, en El Paraíso; así como en El Corpus y Pespire, en la zona sur del país. Estas ubicaciones responden a un análisis técnico sustentado en estadísticas reales de incidencia delictiva”, afirmó.
La funcionaria subrayó que el criterio para definir dónde se colocan los dispositivos no responde a presiones políticas ni a peticiones particulares, sino al resultado de un “mapa de calor” elaborado a partir de las llamadas que recibe el sistema 911 diariamente. “Hay múltiples solicitudes para instalar cámaras en distintas partes del país, pero se priorizan las zonas donde las estadísticas indican mayor peligro”, agregó.
Respecto al financiamiento, Cerpas puntualizó que los 430 millones de lempiras destinados a este proyecto provienen directamente del presupuesto nacional. Según dijo, se trata de una inversión necesaria y estratégica para reforzar la seguridad pública, mejorar la vigilancia y prevenir hechos delictivos.
Además, reveló que las cámaras no solo se instalarán en zonas urbanas, sino también en tramos importantes de las carreteras CA-5 y CA-13, donde son frecuentes los accidentes de tránsito y el traslado de drogas por parte de estructuras criminales.
No obstante, la presidenta de la Junta Interventora también expresó su preocupación por el uso indebido de la línea 911. “El 80 % de las llamadas que se reciben no corresponden a emergencias reales. Esto entorpece la atención de los casos verdaderamente urgentes y pone en riesgo a la población”, lamentó.
Finalmente, Cerpas hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de forma responsable este servicio gratuito, que está diseñado para salvar vidas y actuar de forma oportuna ante situaciones críticas. Con la implementación total de las 5 mil cámaras, se espera fortalecer la lucha contra la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad en los lugares más vulnerables del país.