Juzgados ordenan captura de generales implicados en la muerte de Murillo: ¿Justicia o venganza política?

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Tegucigalpa. El sistema judicial de Honduras ha emitido una nueva orden de captura contra tres generales de las Fuerzas Armadas, entre ellos el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Isy Obed Murillo, ocurrido el 20 de julio de 2009, durante las protestas en contra del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Junto a Vásquez Velásquez, también se encuentran involucrados el general Venancio Cervantes y el general Carlos Roberto Fúnez, quienes formaron parte de la cúpula militar durante el golpe de Estado y los hechos relacionados.

La orden fue emitida por el Juzgado Penal de Francisco Morazán, después de que una corte de apelaciones desestimara las medidas de arresto domiciliario que se habían impuesto previamente a los acusados, y se dictara la formalización del proceso judicial. Según la resolución, se les imputa la comisión de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa contra el joven Murillo, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad mientras participaba en una manifestación pacífica. El juez que llevó a cabo el proceso resolvió que la situación ameritaba la captura inmediata de los tres militares.

A pesar de que las órdenes de captura fueron emitidas, dos de las defensas de los generales han solicitado una presentación voluntaria. Este recurso fue aceptado por el juez, quien ha señalado que la audiencia para estos generales se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de marzo a la 1:30 de la tarde. A pesar de esto, las órdenes de captura permanecen vigentes, y se espera que, en las próximas horas, uno de los tres generales se presente ante la justicia.

En cuanto a la situación de Venancio Cervantes, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia en La Paz, se ha informado que se encuentra en proceso de desplazamiento hacia los tribunales para cumplir con la orden de captura. La revocación de su medida de arresto domiciliario ha sido confirmada, y se espera que sea presentado ante el juez de turno esta misma noche.

Este caso, uno de los más polémicos relacionados con el golpe de Estado de 2009, ha permanecido en la memoria colectiva de los hondureños debido a la violencia ejercida durante las manifestaciones en contra de la destitución de Zelaya. A lo largo de los años, los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han presionado por justicia, y hoy, tras más de una década, los tres generales enfrentan nuevamente la justicia por su presunta responsabilidad en este asesinato.