Tegucigalpa. Un comunicado emitido este martes por el Ejército Ciudadano de Paz ha encendido el debate sobre el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales en Honduras. La organización denunció la suspensión de la cárcel domiciliaria del General Romeo Vásquez Velásquez, calificando la medida como una «flagrante violación de los principios del Derecho y la Justicia».

Según el documento, la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones representa un atropello no solo contra el General, sino también contra los derechos y garantías individuales de cualquier ciudadano en un Estado Democrático y de Derecho. «Esta medida arbitraria ha cruzado una línea peligrosa, separando la legalidad de la persecución política», señala el comunicado.

El Ejército Ciudadano de Paz argumenta que Vásquez Velásquez tiene derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia y a condiciones de detención justas y humanas. Asimismo, cuestiona la aplicación de la justicia en su caso, señalando que si los criterios de edad, salud y rigor procesal han sido ignorados, se pone en duda la imparcialidad del sistema judicial.

«Hoy es el General Romeo Vásquez Velásquez, pero mañana podría ser cualquier hondureño víctima de decisiones discrecionales del poder», advierte el comunicado, llamando a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público a revisar la decisión con imparcialidad.

La denuncia ha generado reacciones divididas en la opinión pública y en el ámbito político. Mientras algunos sectores exigen transparencia y respeto a los procedimientos legales, otros sostienen que la justicia debe actuar sin privilegios.

Esta controversia reaviva el debate sobre la independencia del sistema judicial en Honduras y el respeto a los derechos fundamentales.