Jueza Karla Romero dice que decreto que otorga independencia a UFERCO es «INCONSTITUCIONAL»

Karla-Romero


La juez de Sentencia, Karla de Romero, la misma quien tomó promesa de juramento a la presidenta Xiomara Castro, calificó de “inconstitucional” el decreto aprobado esta madrugada por el Congreso Nacional en dónde se le otorgó a la UFERCO independencia para ejercer la acción penal pública.

El decreto autoriza a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción para ejercer de oficio su papel de acusación en los casos de alto impacto, sin que deba someter su decisión a la aprobación de ninguna instancia del Ministerio Público.

Karla Romero dijo a Radio América que la Ley establece al Ministerio Público como un organismo profesional y especializado que responde a la representación en los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado.

“Debemos seguir el estado de derecho y respetar la norma constitucional y el principio de independencia que tiene el Ministerio Público”, manifestó.

La profesional del derecho es de la opinión que el principio del estado democrático de derecho, independencia y jerarquía han sido “vulnerados” ante la duplicidad de funciones.

“La Constitución reconoce un sólo Ministerio Público como institución constitucional (…) debemos ser objetivos y no prestarnos a que el derecho se componga para conveniencia”, subrayó.

Karla Romero, recordó que Honduras es signataria de la convención de Naciones Unidas en la que se prohíbe amnistiar los delitos relacionados a la corrupción.

En ese sentido, se pregunta por qué la UFERCO no se pronunció en su momento sobre el decreto aprobado por el legislativo el pasado mes de febrero.

“Tenemos que ser objetivos y no utilizar el derecho para lo que nos convenga en relaciones personales, particulares y sobre todo sesgadas políticamente hablando”, señaló la jueza, quien considera que este caso será del conocimiento de la Sala de lo Constitucional.

En resumen, la profesional de las ciencias jurídicas indicó que lo acontecido no sólo es un “retroceso” en la aplicación de justicia sino también una “clara violación” al estado democrático de derecho.

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