El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos,  emitió un contundente comunicado en respuesta a la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos.

A través de una publicación en la cuenta de X de su esposa, Ana García Hernández, el exmandatario expresó su firme desacuerdo con la medida, resaltando los peligros que afrontó durante su gobierno para implementar la extradición y combatir el narcotráfico.

«Queridos compatriotas, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente, en el país más violento del mundo, impulsé y logré en el 2012, durante mi presencia en el Congreso, la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición», recordó Hernández en su comunicado.

Además, destacó que esta acción fue llevada a cabo a pesar de las amenazas de muerte que recibió, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de políticos que consideraban inconveniente la medida para el país.

Hernández hizo especial énfasis en que, pese a los rumores que circulaban en aquel momento sobre una posible acusación  en su contra, jamás se planteó denunciar el tratado de extradición.

«Aún cuando se escuchaban rumores de que podría ser acusado injustamente, jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición. Jamás«, subrayó con firmeza.

El exmandatario también señaló la importancia de la extradición como un «instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado«, aunque reconoció que, como cualquier obra humana, es perfectible y debe aplicarse con cautela para evitar abusos.

«La solución no está en eliminarla, la solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los Estados y las personas«, concluyó Hernández, reiterando su inocencia.

Las declaraciones de Hernández han avivado el debate en el país, donde la decisión de la presidenta Castro ha sido duramente criticada por diversos sectores, que consideran que esta medida podría proteger a personas involucradas en el narcotráfico.

La polémica sigue creciendo en un entorno ya tenso, con una gran parte de la población expresando su indignación ante lo que consideran un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado.