TEGUCIGALPA. Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Política Limpia, en una entrevista para el programa En La Mira, se pronunció sobre la obligación que tienen los precandidatos a cargos de elección popular de transparentar los recursos utilizados en sus campañas políticas y enfatizó que aquellos que no puedan cumplir con la normativa envían de forma anticipada a la población el mensaje de su incapacidad para dedicarse a la gestión pública.

Ardón expresó: “Es un ejemplo de los servidores públicos que podríamos tener. Si no son capaces de rendir cuentas de sus campañas, ¿cómo harán cuando estén en la gestión pública?”

A renglón seguido, enfatizó que se debe crear una cultura de transparencia, ya que en la administración pública se trabaja con recursos del pueblo, los cuales siempre requerirán de manera obligatoria la rendición de cuentas.

La funcionaria recordó que en el proceso electoral anterior, 1,625 precandidatos inscritos que participaron en las elecciones de 2021 no rindieron cuentas a la unidad fiscalizadora, y algunos de ellos están inscritos para el proceso de elecciones internas.

Explicó que estos excandidatos no fueron sancionados porque “se aperturaron los expedientes, pero no se remitieron a la Procuraduría General de la República, que es el cobrador y defensor del Estado. Por eso no hay personas sancionadas, porque la acción no se ejecutó por el anterior pleno”.

No obstante, asegura que el actual pleno de funcionarios de la Unidad ha trabajado en el reglamento de sanciones. En ese sentido, detalló que aquellos que no presenten informe serán sancionados. Para el caso, los precandidatos presidenciales recibirán una multa de 15 salarios mínimos, los diputados de 10 y los alcaldes de 5.

“La ley otorga cinco días para que presenten su informe. Además de la primera sanción, la segunda será de 100 salarios mínimos”, enfatizó.

Sobre los aspirantes reincidentes, informó que todos los inscritos en el CNE deben firmar un consentimiento que los obliga a rendir cuentas, haya o no haya gasto en su campaña, ya sea de su propio peculio o de otras fuentes.

En este proceso, los obligados a rendir cuentas sobre los orígenes monetarios utilizados en actividades proselitistas son los precandidatos presidenciales, diputados (propietarios y suplentes) y candidatos a alcaldes. No se mencionaron a los regidores.

RECOMENDACIÓN DE LA MACCIH

Ardón recordó que Política Limpia nació como una sugerencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y respaldó la idea de que aquellos que cuestionan la razón de ser del ente fiscalizador envían un mensaje de rechazo a la llegada de la CICIH.

“Fue un proceso hecho con la MACCIH y surgió por el acompañamiento de la misión, quien dio la primera alerta de que había que vigilar la procedencia de los recursos. Fue el IAIP el que indicó que los partidos políticos solo estaban declarando los recursos que recibían por concepto de deuda política”, rememoró.

Rechazar el papel del órgano “le dice a toda la hondureñidad que no queremos que nos fiscalicen, que queremos actuar a lo grande, sin control. Pero los controles son necesarios, porque son buenos y permitirán que los partidos se fortalezcan, mientras que el proceso electoral se transparente”.

DEBILITAMIENTO DE UPL

La funcionaria expresó que intentar debilitar el trabajo de la institución que busca transparentar los recursos que los partidos políticos utilizan en sus campañas sería lamentable.

“Lo que se debe hacer es fortalecerla, ya que es una institución que le hace bien a los partidos y beneficia a la democracia. Quien invierte en una campaña sabe que se le va a cobrar, y se le va a cobrar caro. Hay que evitar llegar con las manos atadas al Congreso Nacional, a la presidencia o a las alcaldías”, recomendó.

Cuestionó que la falta de asignación del presupuesto de 110 millones de lempiras solicitados al Congreso Nacional mantiene trabajando al organismo a medio vapor, ya que desde hace tiempo debieron haber comenzado con la fiscalización de los precandidatos que iniciaron anticipadamente a promover sus cargos en mítines.

“No hay base construida como institución para comprobar que lo que están entregando en documentación es lo que realmente se gastó. Solo nos vamos a basar en lo bancarizado”, indicó.

Ardón mencionó que, sobre el presupuesto, desde la semana pasada se envió el proyecto reformado, que queda en 110 millones. “El CNE lo envió al CN, pero este lo regresó y nuevamente ya se volvió a enviar con las observaciones que pidieron. De manera que esperamos que esta semana se logre aprobar”, concluyó.