Investigación por drenaje del fondo departamental, a punto de quedar en la impunidad

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Estamos a las puertas de varios casos de impunidad,  ya que muchos quedarán libres de persecución penal, civil y administrativa, en el el caso de supuesta corrupción en la implementación de fondos departamentales entre el 2010 –  2018, cuya investigación prescribirá este próximo 18 de octubre.

«Esos decretos establece tres años para la actividad fiscalizadora del tribunal en esa materia, tres años que vencerían el 18 de octubre y en ese sentido, prescribiría la actividad fiscalizadora del Tribunal,  en esas investigaciones, y no quedaría más que hacer la liquidación de esos fondos que dio el Congreso Nacional en los años posteriores a la vigencia del último decreto, son tres años que se transfirieron fondos al Tribunal Superior de Cuentas,  y ahora con la llegada a su fin,  en el mes de octubre, habría que hacer la liquidación, la rendición de cuentas en base de la cantidad de informes que se presentaron  e investigaciones que se hicieron,  no sabemos si el Congreso los va a pedir», dijo el abogado Roy Pineda, titular del Tribunal Superior de Cuentas estamañana en Telenoticias.

Se presume fueron unos 16 mil millones de lempiras los que fueron drenados por el gobierno anterior a través de ONGs y estaba siendo investigado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

En 2017, el Congreso Nacional de Honduras reformó la Ley Orgánica del Presupuesto que modificó el artículo 131, inciso A mediante Decreto Legislativo 141-2017, en su artículo 238.

Esta reforma limitó las facultades investigativas de la fiscalía y atribuyó esa función al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que debía realizar auditorías e investigaciones sobre el manejo de fondos públicos ejecutados por funcionarios, diputados, organizaciones gubernamentales o privadas, fundaciones, personas naturales o jurídicas que recibieron fondos desde el periodo 2010 hasta 2018­.

También, se le otorgó un plazo de tres años para que el TSC auditara e investigara el destino de los fondos y determinar si existió o no responsabilidad penal, civil o administrativa, por lo tanto, sin un informe, el Ministerio Público no podrá iniciar un proceso judicial contra los responsables, y parece que todo pinta, a que se quedará en la impunidad.

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