Tal cual hubiese brotado un ápice de arrepentimiento, información publicada al respecto por el CNE fue borrada de sus redes sociales.

Resulta que el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a conocer a través de un comunicado publicado en cuentas de redes sociales, que la propuesta sería presentada en un taller denominado “Análisis y Sistematización de Reformas Electorales, marzo 2023”, sin embargo, por esas cosas de la política hondureña, luego fue borrado.

Borrado o no, lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras prepara un proyecto de reforma a la Ley Electoral que será presentado en el pleno del Congreso Nacional (CN) en los próximos días.

El análisis cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI) y la Unión Europea, será enviado al pleno del Congreso Nacional para su discusión y posterior aprobación.

Entre los insumos de trabajo están la actual normativa electoral e informes de Misiones de Observación Electoral (MOE) nacionales e internacionales, que participaron en las elecciones de 2021.

El CNE resaltó que en cada una de las reformas que se analizan, se ha dimensionado las implicaciones de su implementación y los requerimientos de procedimientos y tecnicismo electoral.

Las reformas electorales a ser debatidas en el Congreso Nacional, hacia el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025 contempla, entre sus componentes, la introducción de la figura de la segunda vuelta o balotaje.

Al respecto, la Comisión Ordinaria de Asuntos Electorales, nombrada por el Congreso Nacional, ha emitido su dictamen favorable para reformar el artículo 236 constitucional a fin de incorporar esa nueva figura y cambiar la forma de elección presidencial para dar mayor legitimidad a los procesos electorales y la democracia en Honduras.

El dictamen favorable a la incorporación de esa figura es producto de una amplia socialización hecha por los legisladores de dicha Comisión en cuatro importantes ciudades del país, además de sectores de sociedad civil, partidos políticos y del sector privado, señala el dictamen.