No hay duda que la declaratoria de Estado de excepción es una medida con la que el Gobierno trata de cortar el avance de la incidencia de criminalidad que aterra a la nació hondureña.

Si bien es cierto, desde el inicio hubo sospechas y temores que en la ejecución de estas +órdenes, se produjeran reprochables violaciones a los derechos humanos.

Pero lo que vino a la mente es que esos abusos en contra de la población se darían en la extralimitación individual de los agentes al momento de hacer patrullajes, requerimientos, etc.

Pero lo que estamos viendo no tiene justificación alguna y por el contrario, linda en la irresponsabilidad institucional de la Policía Nacional, demostrando completa incapacidad operacional, falta de claridad en qué es lo que debe hacer y sencilla y llana irresponsabilidad e irrespeto por el ciudadano, al cual supone, que reza su credo: “SERVIR Y PROTEGER”.

Ha resultado como una bofetada en pleno rostro, ver como ciudadanos de ambos sexos son fichados como criminales, solo por el hecho de no portar su documentación personal, no decimos que está mal que hayan sido detenidos, entendemos que así lo dicta el decreto ejecutivo.

Lo terriblemente mal está en que sean fichados como si hubieran cometido un delito. Acaso van a contradecir que, en casos como esos, bastaría con que los ciudadanos retenidos constaten que en realidad son los ciudadanos que dicen ser.

Y que las autoridades comprueben, haciendo uso de la tecnología con que cuentan, verifiquen que estos ciudadanos en realidad son honrados, despistados sí, porque no tuvieron el cuidado de salir con sus documentos, pero no son delincuentes, por lo tanto, una vez constatado lo anterior dejarlos en libertad.

Después de todo, basta con el escarmiento para que la próxima vez no olviden llevar consigo los documentos de identificación personal.

Así que señores de la Policía Nacional, honorable Presidente de la República, verdad que ¡no hay necesidad de ensañarse contra la población y menos por cosas tan insignificantes!