Coincidentemente  el inicio del juicio se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha cargada de simbolismo.

Tegucigalpa- Este 25 de noviembre arrancó el juicio oral y público contra nueve mujeres acusadas de perpetrar la masacre que, la mañana del 20 de junio de 2023, cobró la vida de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

Este hecho estremeció al país, evidenciando las graves fallas de seguridad y corrupción dentro del sistema penitenciario. Coincidentemente, el inicio del juicio se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha cargada de simbolismo.

Eran las 7:45 de la mañana cuando el miedo, la violencia y el caos se apoderaron del penal. Según las investigaciones, las acusadas, todas integrantes de la Pandilla 18, lograron introducir armas de fuego, gasolina y objetos punzocortantes con la complicidad de autoridades policiales.

Bajo un plan, sometieron a las encargadas de la seguridad penitenciaria y atacaron brutalmente a sus rivales de la Mara Salvatrucha 13, dejando un saldo de 46 mujeres fallecidas.

Las acusadas son Arleni Guerra Portillo, Claudia Aceituno, Lesbia Rodríguez, Cherry  Guevara, Heidi Palma, Karen Ávila, Leila Figueroa, Susana Godoy y Francis Chavarría, todas enfrentan cargos de asociación ilícita, asesinato, tentativa de asesinato e incendio cualificado, permaneciendo bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

El Ministerio Público ha presentado una sólida probatoria que incluye testimonios, peritajes y evidencias recolectadas tras la tragedia.

La Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, destacó que la masacre en el penal fue facilitada por la corrupción dentro de las autoridades encargadas de la seguridad penitenciaria; según Villanueva, el ingreso de armas y gasolina fue realizado con la complicidad de algunos agentes policiales, lo que agravó la situación y permitió que la tragedia se llevara a cabo.

Estas declaraciones ponen en evidencia la vulnerabilidad del sistema y la urgencia de realizar reformas para evitar futuros incidentes de esta magnitud.

Este juicio, que se extenderá hasta el 29 de noviembre, no solo busca esclarecer uno de los episodios más brutales en el sistema penitenciario hondureño, sino también poner de relieve cómo la corrupción y la negligencia contribuyeron a esta tragedia. En una jornada marcada por la lucha contra la violencia de género, los familiares y la sociedad hondureña clama justicia para las 46 reclusas que perdieron la vida.