INHABILITADOS POR LA CSJ: Rasel Tomé y Edgardo Casaña

Captura casaña y Tomé
La Sala Penal de la CSJ, confirma que los diputados electos, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 3 años.

La Coordinación de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención al oficio número PCSJ-007-2022, remitido a esta judicatura por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, tiene a bien informar lo siguiente:

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condeno a Rasel Antonio Tomé Flores, Gustavo Adolfo Lara López Y Edwin Torres Cruz, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión y seis de inhabilitación, e interdicción civil, expediente en el cual en fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Penal Integrada por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle.

Esta decisión judicial vio enfrentada un Recurso de Casación, por lo que el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que el pasado 16 de enero resolvió lo siguiente.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la Republica, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 del Código Procesal Penal; Falla:

Primero: Declara Con Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, por el Ministerio Publico, en consecuencia casa la sentencia de facha seis de septiembre de dos mil dieciocho, revocando la misma y declarando a los acusados Alfonso López Guillen, Cesar Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Oscar Rene Recarte Barahona, como coautores de un delito consumado de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Publica del Estado de Honduras, en base al artículo 349.1 del Código Penal 144-83, vigente al momento de los hechos.-

Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados; como consecuencia se emite el siguiente fallo:

PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los acusados Alfonso López Guillen, César Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Óscar René Recarte Barahona, como coautores de un delito consumado de abuso de autoridad agravado, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, imponiéndoles a cada uno de ellos la pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público oneroso o gratuito relacionado con la administración o gerencia de instituciones del Estado centralizadas, desconcentradas o descentralizadas, durante SEIS AÑOS.

Pena que deberá de ejecutarse conforme las siguientes reglas: a.- El cumplimiento de la pena dará inicio hasta que la sentencia proceda a ser ejecutada por el Órgano Jurisdiccional competente; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de la pena deberá de hacerse conforme  a sus normas.

SEGUNDO: Por disposición constitucional debemos condenar y condenamos a los reos Alfonso López Guillen, César Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Óscar René Recarte Barahona, a cumplir simultáneamente la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía, por el tiempo de la pena principal.

Tercero: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Alfonso López Guillen, Cesar Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Oscar René Recarte Barahona, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado. La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.

Cuarto: No procede la declaratoria de comiso en el presente caso.

Quinto: No procede condenar a los reos Alfonso López Guillen, Cesar Augusto Ramos Cáceres, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Oscar René Recarte Barahona, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.

Declara SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por extinción de la responsabilidad penal, a favor del acusado José Alejandro Ventura Soriano, por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 52 del Código Procesal Penal vigente. –

Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaria del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. –

NOTIFIQUESE,, Firma y Sello. – Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. – José Ramón Cruz Ferrera. Secretario Actuante. Sala de lo Penal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidos. certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recafda en el expediente SP 123-2019

El caso de Rasel Tomé, viene porque en fecha 24 de agosto de 2005, la empresa Eldi S de R. L solicitó ante la Conatel, (siendo Tomé gerente en ese momento), autorización para operar una red de Radio Difusión de Televisión en la banda VHF (Teledoce) Canal 12, solicitando además la asignación de las frecuencias en la banda 4.4.5.0 GHZ y dos frecuencias para operar sistemas de unidades móviles.

fue denegada mediante resolución emitida el 29 de septiembre de 2005, por lo cual, la empresa a través de su apoderado legal procedió a interponer demanda de nulidad de un acto administrativo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en contra de Conatel a fin de que dicho juzgado decretara la nulidad de la resolución donde se denegaba la frecuencia de Canal 12, según el fallo.

Por lo que en fecha 27 de marzo de 2007, el Juzgado emitió sentencia definitiva favorable a las pretensiones de la empresa Eldi S. de R.L, la que también en fecha 13 de junio de 2007 fue confirmada por la Corte de Apelaciones de los Contencioso Administrativo.

Mientras que el caso de Casaña y os demás exdirigentes magisteriales, el Ministerio Público basó su acusación en que los exmiembros de la junta directiva del Inprema aprobaron en 2010, mediante resolución 1526, modificaciones en la estructura de pensiones y jubilaciones de la institución gremial. No obstante, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), no se los había autorizado.

Sin embargo, en 2018 un tribunal especial absolvió a los imputados por falta de pruebas, pero el ente de justicia del Estado hizo efectivo el recurso de casación que la ley le otorgaba. El caso fue reabierto a finales del años anterior y ahora arroja estos resultados negativos para los encausados.

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