La Comisión en Defensa del Territorio y la Soberanía conformada por la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, el canciller Enrique Reina y el Procurador General de la República, , Manuel Antonio Díaz Galeas, en representación del Estado denunció este miércoles la ausencia de legalidad en el procedimiento que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha abierto en el caso de la Zede Próspera y sus asociadas contra Honduras, por un monto aproximado de 10 mil 700 millones de dólares.

“El CIADI como organismo internacional al admitir esta controversia de las ZEDE, está haciendo caso omiso de la legislación de Honduras, de disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde el año 1988, de la pacta sunt servanda, el que está violentando a sabiendas que rige los tratados internacionales”, dijo Moncada.

“A quienes quieren dividir y desarticular la patria, desde el Gobierno de la República les decimos a esos enemigos, van a perder a nivel nacional e internacional porque nos asiste la razón, el derecho, principios nacionales e internacionales, pero sobre todo una normativa nacional que vigente desde 1988 y ratificada en el 2000 que dispone que el Estado de Honduras no va a cortes ni organismos internacionales mientras no se agote el derecho interno”, agregó.

A este respecto, el comisionado Fernando García Manifestó que la historia es un proceso, no hechos aislados. “en la actualidad el tema del territorio se ve afectado cuando las autoridades del Comité para las Mejores Prácticas pervirtiendo toda la normativa jurídica nacional e internacional, han querido ceder el territorio del país desarticulando los departamentos del Golfo de Fonseca y los colindantes con el Mar Caribe”.

“Siete departamentos completos y 65 municipios, 35.33% del territorio nacional es lo que cedieron en esa vergonzosa administración de la narcodictadura”, comentó.

“Por instrucciones de la Presidenta Castro y cumpliendo el decreto que nos hace parte de esta comisión vamos a defender la soberanía, el territorio a toda costa y a toda presión que podamos recibir en nombre del Gobierno y en favor del pueblo”, expresó Enrique Reina.

“Las ZEDE es una aberración jurídica desde todo punto de vista, pretender destruir al Estado de Honduras, desarticularlo. El Gobierno y la Cancillería a través de esta comisión velará por el cumplimiento del derecho internacional y el derecho interno”, añadió.

El Gobierno envió ayer comunicación oficial al CIADI con relación al proceso promovido por la empresa Honduras Próspera Inc, la cual intenta sostener un ilegal litigio contra el Gobierno de la República, indicó Manuel Antonio Díaz Galeas.

“El Gobierno solicitó que quede sin efecto la propuesta de nombramiento del coarbitro de nacionalidad mexicana-alemana nombrado por CIADI sin el consenso de la república de Honduras y sin las prevenciones que establecen las reglas de arbitraje de la institución”, aseguró.

Es inadmisible para la república de Honduras que un profesional asalariado por una ZEDE, sea nombrado como árbitro por CIADI, cuando ha estado al servicio de la contraparte “hay un evidente conflicto de interés”, afirmó, Díaz Galeas.

“Es prioridad para el Gobierno, esta comisión y la PGR combatir todas las prácticas de corrupción público – privada y defender absolutamente la soberanía de la nación, el territorio y los derechos humanos de todos los hondureños”, finalizó diciendo el Procurador General de la República.

De su lado, el canciller Eduardo Enrique Reina manifestó que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) serán uno de los casos que investigue el mecanismo internacional anticorrupción (CICIH).

“Las ZEDEs es una aberración jurídica desde todo el punto de vista de pretender destruir al Estado, desarticularlo y crear islas que estuvieran sujetas al manejo de cualquier entidad”, dijo.

Sostuvo que se defenderá la soberanía del territorio d toda presión que pueda recibir el gobierno.

Denunció que a través del litigio internacional pretende saquear al Estado a través de demandas internacionales.

Reina puntualizó que faltan procedimientos nacionales que se debe cumplir previo a proceder a un arbitraje internacional.