Centroamérica, sacudida por la desigualdad, la violencia y los flujos migratorios, acaba de pisar el acelerador de su maquinaria castrense. Un reporte del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) revela que el desembolso regional en defensa creció 31 % durante el último año, con Honduras y Guatemala como los países que más engrosaron sus presupuestos.

Los gobiernos justifican el viraje: alegan que la ola de pandillas, cárteles y crimen organizado exige recuperar el control de barrios y fronteras. El dinero fresco se dirige, sobre todo, a la compra de armamento, tecnología de vigilancia, helicópteros y programas de adiestramiento. En Honduras, por ejemplo, una tajada considerable se canaliza hacia la Policía Militar del Orden Público (PMOP), aun cuando organismos locales e internacionales advierten sobre el riesgo de militarizar tareas civiles.

La estrategia, sin embargo, provoca duras reacciones. Amnistía Internacional subraya que mientras crece la partida para defensa, los sistemas de salud y educación continúan en situación precaria. Activistas se preguntan cuántos centros de salud o aulas podrían levantarse con el mismo caudal de recursos que hoy se invierte en fusiles y drones.

El Salvador, escaparate de la “mano dura”

El caso más sonado es El Salvador. Bajo la batuta de Nayib Bukele, el Estado ha profundizado la “guerra” contra las pandillas: más de 75 000 personas han sido arrestadas en régimen de excepción y la estructura militar se ha expandido de forma inédita. Sus partidarios celebran la caída de los homicidios; sus detractores temen que la fórmula erosione el Estado de derecho y amplíe la brecha de exclusión social.

Influencia de grandes potencias y opacidad interna

La partida también se mueve al compás geopolítico. Estados Unidos respalda programas de cooperación militar enfocados en frenar el narcotráfico y la migración, mientras China irrumpe ofreciendo sistemas de vigilancia de alta tecnología. Ese tablero internacional empuja a los gobiernos a modernizar arsenales, aunque deban recortar otros renglones urgentes, según el estudio de SIPRI.

A todo ello se suma la falta de transparencia. Transparencia Internacional advierte que la ampliación de recursos sin controles estrictos alimenta el riesgo de sobreprecios, corrupción y enriquecimiento ilícito dentro de las cúpulas castrenses o políticas.

El dilema de fondo

La discusión va más allá de la contabilidad: ¿qué modelo de desarrollo anhela Centroamérica? ¿Uno que priorice la seguridad entendida como presencia militar, o un esquema que combine protección con progreso social? Para millones de ciudadanos, la respuesta sigue borrosa. Viven bajo la amenaza de la violencia, pero también en un sistema que no garantiza empleo, salud ni educación digna.

Si la región no equilibra su apuesta bélica con transparencia y justicia social, el estruendo de las armas podría terminar sofocando —una vez más— las voces que reclaman un mejor porvenir.