Gobierno declara Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario

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Todas las autoridades penitenciarias, empezando por la directora Rosa Gudiel y el sub director German McNeil, así como cada una de las administraciones de los centros penitenciarios del país quedaron suspendidas de forma inmediata e indefinida, con la posibilidad que el despido sea definitivo.

El Poder Ejecutivo, mediante decreto n° 8-2019 decidió la suspensión de todas las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a raíz de la serie de asesinatos que han venido perpetrándose al interior de los reclusorios del país.

Con esta declaratoria, el artículo 2 del mencionado decreto indica la intervención del sistema penitenciario nacional por un período de seis meses. “Que incluye al Instituto Nacional Penitenciario, y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, nombrando para tal efecto una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA)”.

SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES

El artículo 2 continúa diciendo. “Quedan suspendidos en el ejercicio de sus funciones, durante el tiempo que dure la intervención, todas las autoridades superiores de estas Instituciones, incluyendo al Consejo Directivo del Sistema Penitenciario y cualquier otro órgano de dirección o gerenciamiento; en razón de lo cual, la Comisión Interventora creada, quedará ostentando en forma plena la coordinación y administración de las instituciones enunciadas en el párrafo que antecede”.

“La emergencia decretada, faculta a la Comisión Interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de Acuerdos del personal que se considere innecesario, con el acompañamiento de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social  y la Dirección de Servicio Civil según corresponda la acción a tomar, apoyados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a efectos de proveer fondos para cubrir derechos laborales”.

“De los hallazgos encontrados, si es procedente, la Comisión Interventora debe informar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público (MP) o la Procuraduría General de la República (PGR), según sea el caso”.

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