Tegucigalpa. El excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, ha sido beneficiado con un cambio de medidas cautelares y podrá continuar el proceso judicial en su contra en libertad, pese a estar acusado por delitos de corrupción relacionados con la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la emergencia por la COVID-19.
Rubí enfrenta cargos por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, en relación con un escándalo de adquisiciones durante el año 2019, en el que, según la Fiscalía, se causó un perjuicio económico al Estado de 63,839,377 lempiras. Durante varios meses, Rubí permaneció bajo prisión preventiva en el centro penal Marco Aurelio Soto, pero una audiencia de revisión de medidas, celebrada recientemente, cambió ese panorama.
“La defensa técnica legal del exministro de Copeco, Gabriel Rubí, nos ha notificado que hace algunos instantes se finalizó la audiencia de cambio de medidas. Por lo tanto, el señor Rubí se defenderá en libertad”, confirmó el abogado defensor Selvi López, en una entrevista a radio HRN.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el excomisionado habría aprovechado la situación de emergencia sanitaria para manipular el proceso de adquisición de equipo médico. Las anomalías incluyen transferencias bancarias sin documentación de respaldo, falta de actas oficiales de entrega de los ventiladores, y procedimientos de compra realizados al margen de la ley.
“El daño económico es claro. Hubo negligencia, omisiones y abuso de poder en una situación de urgencia nacional. Las pruebas son contundentes”, sostuvo una fuente del Ministerio Público.
Pese a los argumentos fiscales y la magnitud del perjuicio, el juez resolvió conceder la libertad al imputado, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen su reclusión preventiva. La medida ha generado cuestionamientos en sectores sociales que exigen castigo ejemplar para los responsables del mal manejo de fondos públicos en tiempos de pandemia.
