Tegucigalpa. Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), se pronunció recientemente sobre la situación de la Tasa de Seguridad en Honduras, un tema que ha sido objeto de seguimiento constante debido a las promesas gubernamentales de cambiar su manejo.

En el plan de gobierno para la refundación del país 2022-2026, se había establecido la derogación de esta ley. Sin embargo, Castañeda destacó que hasta el momento solo se han eliminado los artículos 30 y 31 de la ley, los cuales hacían referencia al fin de comiso, pero la Tasa de Seguridad sigue vigente y el impuesto continúa siendo cobrado.

El abogado explicó que, a lo largo de los años, no se ha logrado la eliminación total de la ley y que los esfuerzos realizados hasta la fecha no han logrado resolver el problema de la falta de transparencia. “Lo que esperábamos era que esta administración hiciera un cambio real en la manera en que se maneja este impuesto, pero seguimos viendo más de lo mismo.

La información sobre cómo se están utilizando los recursos sigue siendo inaccesible, y esto genera una mala percepción, especialmente debido a la desorganización que se dieron en el gobierno anterior”, afirmó Castañeda.

Además, lamentó que el actual gobierno no haya dado un giro significativo en cuanto a la rendición de cuentas y el uso adecuado de los fondos recaudados.

Según sus palabras, la cantidad que se recauda anualmente por concepto de esta tasa supera los 3.000 mil millones de lempiras, y es fundamental que al cierre de esta administración se entregue un informe detallado sobre cómo se han utilizado estos recursos y qué beneficios ha traído la implementación de la Tasa de Seguridad.

En cuanto a las instituciones beneficiadas con estos fondos, Castañeda mencionó que, según fuentes abiertas, la Secretaría de Seguridad y Defensa son las principales beneficiadas, seguidas por el sistema de emergencia 911 y el Poder Judicial. Sin embargo, destacó que el despacho de la Presidencia es la entidad que recibe la mayor asignación de fondos, lo que consideró un punto crítico que el gobierno debe aclarar, especialmente en cuanto a la distribución de estos recursos.

Finalmente, Castañeda subrayó que, a pesar de la cantidad de recursos recaudados, la población no percibe una mejora real en la seguridad. “Los operadores de justicia y las fuerzas del orden siguen reportando carencias para realizar investigaciones profesionales, y esto refleja que no estamos viendo un impacto positivo en la recuperación de la paz en la sociedad”, concluyó.