Fiscalía solicitó reprogramar audiencia para el exaspirante presidencial Santos Orellana

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La Fiscalía pidió reprogramar fecha de audiencia para el exaspirante presidencial Santos Rodríguez Orellana, su esposa y suegra, confirmó el Poder Judicial.

Las tres personas están imputadas por el presunto delito de lavado de activos.

La audiencia de presentación de pruebas estaba prevista para este día, sin embargo, la misma será reprogramada a solicitud del Ministerio Público.

A Rodríguez Orellana se le presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras, junto a su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla capturada en Tegucigalpa y su suegra Reina Lizeth Bonilla arrestada en una gasolinera en Santa Rosa de Copán, Copán, justamente en la salida a Ocotepeque.

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.

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