El Ministerio Público señala a exfuncionarios y empresarios por fraude y falsificación de documentos en programas sociales.

Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento fiscal contra una supuesta estructura que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014, acusada de desviar fondos destinados a la capacitación de jóvenes y mujeres en situación de pobreza.

Entre los imputados se encuentran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Jovenil; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer. Además, están involucradas 37 personas más, entre exfuncionarios, representantes de empresas y ONG’s, quienes enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y violación de deberes de los funcionarios.

Según la Fiscalía, los acusados habrían defraudado al Estado mediante la simulación de contratos y la sobrevaloración de bienes y servicios, logrando desviar L 96,976,218.21 a través de 596 contratos provenientes de los programas Bono Jovenil y DiMujer. Estos fondos estaban destinados a la capacitación en oficios y carreras técnicas de sectores vulnerables.

El Ministerio Público detalló que la estructura operaba adjudicando contratos de manera fraudulenta a empresas y ONG’s, muchas de ellas sin experiencia o registradas irregularmente. Posteriormente, los recursos eran desviados mediante la falsificación de documentos y facturación de servicios inexistentes.

Las investigaciones también revelaron que algunos proveedores entregaban bienes de calidad inferior a lo pactado en los contratos, mientras que otros simplemente no cumplían con las entregas. La Fiscalía enfatizó que se trata de un esquema de corrupción que perjudicó directamente a miles de beneficiarios de los programas sociales.

Las autoridades aseguraron que continuarán con las acciones judiciales para deducir responsabilidades y recuperar los fondos sustraídos.