Tegucigalpa. El fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, emitió este miércoles un llamado urgente al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, y al director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, con el objetivo de buscar una solución inmediata para los ciudadanos afectados por la intervención a la empresa “Koriun Inversiones”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el fiscal general dejó clara su preocupación por el impacto que ha generado el aseguramiento de dicha empresa en cientos de hondureños que, según él, confiaron e invirtieron de buena fe. “He convocado de manera urgente al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ingeniero Marcio Sierra y al director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), abogado Marcos Zelaya, con el propósito de encontrar una solución inmediata para los ciudadanos de que invirtieron de buena fe en la empresa Koriun Inversiones”, escribió el fiscal.

La declaración del titular del Ministerio Público (MP) surge en medio de un ambiente de tensión nacional provocado por las múltiples protestas que se han registrado en varias ciudades del país, principalmente en Santa Bárbara, La Entrada, Copán, y Choloma, donde miles de personas han salido a las calles para exigir que se les devuelva el dinero que depositaron en dicha entidad financiera, ahora intervenida por el Estado.

El caso ha generado una enorme preocupación en la población, ya que la empresa Koriun Inversiones operaba sin autorización de la CNBS, pero logró captar millones de lempiras en varios departamentos del país mediante promesas de altos intereses. Muchos ciudadanos aseguran que pusieron en riesgo sus ahorros, negocios y hasta propiedades creyendo en una opción legítima de inversión, lo cual ha elevado el clamor por una respuesta concreta y pronta por parte del gobierno.

La convocatoria del fiscal general es vista como un intento por encaminar una solución coordinada entre las instituciones involucradas en la incautación de los bienes y el manejo de los fondos. Sin embargo, hasta el momento, ni la CNBS ni la OABI han emitido un pronunciamiento oficial respecto a dicha convocatoria ni sobre los mecanismos que podrían aplicarse para garantizar la devolución del dinero a los afectados.