Tegucigalpa. La doctora Suyapa Figueroa ha respaldado la decisión del gobierno de Estados Unidos de restringir las visas a aquellos responsables de explotar a trabajadores cubanos en distintos países.
Figueroa explicó en declaraciones a HRN que lo que está ocurriendo con el envío de médicos, maestros y otros profesionales cubanos a países como Honduras no es una ayuda, sino una forma de explotación laboral y trata de personas. La doctora subrayó que estas personas no cuentan con la acreditación necesaria para ejercer en los países donde son enviados, lo que pone en peligro la salud de los ciudadanos.
“Lo hemos señalado en diversas ocasiones: lo que está haciendo el gobierno cubano es enviar personal no acreditado que, además, no recibe un pago directo por su trabajo. El dinero es enviado directamente al gobierno de Cuba, lo que constituye una forma de trata de personas”, indicó Figueroa.
La doctora también destacó que esta práctica contribuye a la precarización de los servicios en los países receptores, y que ha permitido que gobiernos, según sus palabras violadores de derechos humanos, como el de Cuba, continúen perpetuando su poder. “Estas acciones permiten que dictaduras violadoras de derechos humanos sigan beneficiándose de la explotación de sus ciudadanos”, afirmó Figueroa. En este contexto, destacó la importancia de las restricciones de visas como una medida necesaria para frenar esta situación.
Consultada sobre la posibilidad de que Estados Unidos retire visas a funcionarios hondureños involucrados en la contratación de cubanos sin acreditación, Figueroa señaló que la medida podría afectar no solo al gobierno central, sino también a los directivos de instituciones como Instituto de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMP) e Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).
Según la doctora, estos funcionarios están poniendo en riesgo el patrimonio de las instituciones y la seguridad de la población al permitir que trabajadores no cualificados ejerzan funciones médicas.
Además, Figueroa expresó su preocupación por la evasiva del gobierno hondureño en asumir responsabilidad por permitir que ciudadanos cubanos trabajen sin acreditación en el país. La doctora también mencionó que ha recibido testimonios de pacientes que aseguran haber sido atendidos por médicos cubanos en instituciones como INPREMA, aunque aún no se tiene claridad sobre la legitimidad de su acreditación.
“Estas personas están ejerciendo ilegalmente la profesión. Es una situación grave que no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también podría generar consecuencias legales y económicas para las instituciones que permiten estas prácticas”, concluyó Figueroa, señalando que los responsables deben ser denunciados y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.