Redacción. La creciente ola de extorsiones en instituciones educativas ha encendido las alarmas de expertos en seguridad, quienes advierten que estructuras criminales están replicando modelos de crimen organizado usados en México en el ámbito escolar de Honduras.

El criminólogo Wilfredo Rubio alertó sobre la implementación de esquemas de cobro de «derecho de piso» en escuelas públicas, donde delincuentes exigen pagos a las familias para permitir que los niños asistan a clases. “No estamos hablando de colegios privados, sino de escuelas públicas donde los criminales imponen una especie de ‘matrícula’ mensual”, explicó.

Rubio señaló que este tipo de extorsión tiene su origen en México y se ha extendido por Centroamérica debido a la influencia de estructuras criminales en la región. Según el experto, estas redes no solo buscan lucrarse mediante la extorsión, sino que también aprovechan la permanencia de los estudiantes en las aulas para reclutarlos y expandir su control territorial.

“Esta práctica cumple una doble función, seguir obteniendo dinero y, al mismo tiempo, captar jóvenes para fortalecer sus operaciones”, detalló Rubio.

Para desmantelar estas organizaciones, el criminólogo subrayó la necesidad de atacar las bases de su estructura criminal. “Hay cuatro pilares clave para desarticularlas: las comunicaciones, la jerarquía y liderazgo, la economía de los grupos criminales y el control de armas. Sin una estrategia integral, solo se combate el problema de manera superficial”, afirmó.

Rubio concluyó enfatizando que la lucha contra estas redes debe ser más efectiva y enfocarse en la raíz del problema, ya que la extorsión en escuelas no solo afecta a la comunidad educativa, sino que representa una grave amenaza para la seguridad del país.