Tegucigalpa, 7 de febrero de 2025 – La discusión sobre las extradiciones en Honduras se intensifica a medida que se acerca la fecha en que podría quedar sin efecto el tratado de extradición con Estados Unidos, tras la denuncia presentada el año pasado por la presidenta Xiomara Castro.

En un análisis reciente, la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, advirtió que hay solicitudes de extradición pendientes contra altos funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno, pero que estas no han sido trasladadas a la Corte Suprema de Justicia. «Queremos que todas esas solicitudes que han llegado salgan a la luz pública o que, por lo menos, se trasladen a la Corte Suprema de Justicia para que haga su trabajo», declaró Ramos en una entrevista con Radio América.

Ramos denunció que existe «una complicidad extrema» dentro del gobierno para frenar las extradiciones, sugiriendo que la anulación del tratado podría beneficiar a personas cercanas a la administración actual. Además, alertó sobre posibles sanciones por parte de EE. UU. si Honduras no cumple con la entrega de sospechosos de narcotráfico.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, reforzó esta postura en su reciente mensaje desde las cuentas sociales de la Embajada en Tegucigalpa, donde afirmó que su país está priorizando extradiciones estratégicas y advirtió sobre las consecuencias para quienes protejan a fugitivos. «Todo aquel país que tenga narcotraficantes y no los trate de extraditar, ellos se van a convertir en narcoterroristas», recordó Ramos sobre las declaraciones previas del presidente estadounidense.

El panorama plantea incertidumbre sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente si Washington decide imponer restricciones, como la cancelación de visas a funcionarios hondureños, una medida similar a la aplicada en Colombia.

Con la fecha límite para la cancelación del tratado acercándose, el debate sobre la extradición de hondureños se mantiene en el centro del escenario político y judicial del país.