SAN PEDRO SULA. La operación especial reportada en exclusiva por noticias247.hn la noche de ayer tuvo lugar en la residencial Casa Maya, en esta ciudad, específicamente en la vivienda de Héctor Leonel Ayala Alvarenga, ex secretario de Gobernación y Justicia en el gobierno del otrora mandatario, Juan Orlando Hernández.
Aunque Ayala enfrenta un requerimiento fiscal por acusaciones de corrupción, fuentes de alto crédito informaron a noticias247.hn que el operativo llevado a cabo el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre no estaría relacionado con la acción presentada previamente por el Ministerio Público (MP).
El despliegue policial incluyó a agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), escuadrones caninos, y tres agentes extranjeros descritos como corpulentos, altos y de tez blanca.
Se especula que los tres agentes que ingresaron a la residencial en mención y estuvieron una buena cantidad de horas en la casa de Ayala, son de la DEA, pero esta parte aún no se confirma.
El hermetismo alrededor de la operación genera especulaciones sobre si habría nuevas investigaciones o acusaciones en contra del ex funcionario, quien permanece prófugo de la justicia.
SIN DETENIDOS
En el operativo no se detuvo a nadie de la casa de Ayala, lo único que dejó fue la tensión y los nervios entre los vecinos que se preguntaban qué está pasando al ver que las horas transcurrían y no salían los siete vehículos del vecindario.
Hasta el momento nadie de la familia de Ayala sea pronunciado al respecto, ni han denunciado ningún abuso, por lo que podría terminar en un operativo de rutina en busca de donde se ubica el ex ministro.
ANTECEDENTES
El pasado 13 de agosto de 2024, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra Ayala por el delito de estafa a título de autor. El caso involucra la supuesta compra fraudulenta de siete camiones para el Cuerpo de Bomberos, por un monto total de L 81,010,658.28.
La acusación señala que Ayala, junto a sus asesores Guilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velásquez, gestionaron la adquisición directa con la empresa israelí B SAFE Security, la cual no estaba legalmente registrada en el país. Además, presionaron para realizar transferencias de fondos desde las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, poniendo en riesgo los recursos del Estado.
El resultado fue la adquisición de vehículos inadecuados para su propósito, con problemas de peso, tamaño y maniobrabilidad, lo que afectó gravemente la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos.
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Tras el requerimiento fiscal, Ayala fue declarado prófugo y se emitió una alerta roja internacional a través de Interpol para lograr su captura. Hasta la fecha, el ex ministro no ha sido ubicado, y el operativo reciente en su residencia añade un nuevo capítulo de incertidumbre a este caso de alto perfil.
