Tegucigalpa. El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, a través de un comunicado giro instrucciones al Ministerio Público (MP), para que comiencen las diligencias investigativas tras la denuncia presentada por el Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) respecto a presuntas irregularidades en los permisos otorgados para la construcción de una represa hidroeléctrica en la aldea La Guadalupe, ubicada entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, en el departamento de Francisco Morazán.

El comunicado oficial emitido por la institución detalla que las investigaciones se iniciarán después de que, en 2017, el Consejo Indígena Lenca denunciara ante la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS) que en 2011 se otorgó, de manera irregular, la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA). Según la denuncia, no se cumplió con el procedimiento de consulta previa, libre e informada con la población de Reitoca, lo que constituye una violación del derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Ministerio Público ha informado que, dentro de las primeras acciones en este caso, se tomará declaración a varias personas clave, entre ellas al exalcalde de Reitoca, Manuel Meza, quien será citado en su residencia, así como al actual alcalde, Marlon Neptalí Osorto Chévez. También se citará a varios individuos, como Reinaldo López Vásquez, Isabel Andino, Higinio Hernández Hernández, Wilmer Antonio Núñez Cerrato y Carlos Blandín Cruz. Además, se convocará a representantes de PROGELSA y a exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC), y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) serán las encargadas de llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Este caso ha suscitado gran preocupación entre las comunidades indígenas de la zona, que exigen transparencia y el respeto de sus derechos en cuanto a la consulta previa sobre proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida.