Ex titular del CONADEH hace puntual recordatorio entorno al fin de la existencia de las instituciones electorales

HERRERA CÁCERES

A raíz del desnaturalizado ejercicio y uso del derecho de existencia de las instituciones políticas, comenzando por los partidos mismos pasando a las responsables de la ejecución electoral, en donde ha sido notorio, a menudo incorrecto, desempeño de sus titulares, el doctor Roberto herrera Cáceres, ex Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, hace un puntual recordatorio del espíritu de ser en la existencia de estos órganos e instituciones democráticas.

“La Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos evidencian el reconocimiento del Estado de Honduras en cuanto a que, más allá de lo técnico y de lo político-partidista el proceso electoral y las elecciones son un ámbito especial del ejercicio de la soberanía popular, que se enlaza con la efectividad de los derechos políticos del ciudadano, del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de cada persona, así como de otros derechos como libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y derecho de reunión, entre otros que a la vez sustentan el derecho a la democracia y al desarrollo, cuya efectividad dinamiza la del derecho a la libre determinación del pueblo”.

“Por ello los órganos electorales son instituciones de seguridad nacional que solo tienen la atribución de organizar y dirigir los procesos electorales y el acto de las elecciones y la declaratoria correspondiente”.

“Conforme lo dispone la Constitución de la República, esos tratados internacionales de derechos humanos y la Ley Electoral con un enfoque basado en derechos humanos que excluye totalmente toda generación de incertidumbre, seguridad y desconfianza en el proceso electoral y en las elecciones, por ser ello un atentado contra la soberanía popular y el derecho a la libre determinación del pueblo y el estado social y democrático en Honduras”.

“Eso comprende en lo pertinente al Registro Nacional de las Personas por los inciertos documentos de identidad aún no entregados, las igualmente no corregidas inconsistencias en el censo y los otros obstáculos existentes hasta la fecha; al derecho de todo ciudadano y ciudadana a ejercer su derecho a votar sin discriminación ni restricciones arbitrarias, ni indebidas”.

“En fin, los partidos políticos son en Honduras instituciones de derecho público también obligadas porque han sido habilitadas para reconocer a los ciudadanos y ciudadanas que ejerzamos nuestro derecho a la participación política. Asegurando al interior de esos partidos y en su proyección y relaciones externas la promoción y el respeto en la democracia y los derechos humanos, como vía de acceso al poder político y a su ejercicio con ese mismo enfoque de democracia y derechos humanos”.

Sirvan las presentes reflexiones a quienes ostentan la responsabilidad de garantizar a la población el ejercicio pleno de estos derechos conferidos en la Constitución, anteponiéndoles incluso, a los intereses partidistas particulares, como una garantía de la carta democrática, para que al final se traduzca en paz, desarrollo y bienestar social.

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