Redacción- Este 20 de noviembre, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) presentó su análisis titulado «33 años de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica: Acciones que vienen, un estudio exhaustivo sobre el impacto de la corrupción en la región, desde 1990 hasta el 2023.

 Este informe, realizado en colaboración con Cristosal de El Salvador y Acción Ciudadana en Guatemala, es parte de los esfuerzos del Centro contra la Corrupción e Impunidad en el Norte de Centroamérica.

Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es el costo económico de la corrupción en Honduras.

Según dio a conocer el FOSDEH mediante una nota de prensa, siete casos emblemáticos representan una pérdida de $3.500 millones de dólares, recursos que podrían haber sido destinados a mejorar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. Este patrón se repite en Guatemala y El Salvador, donde los fondos públicos han sido desviados sistemáticamente, afectando gravemente el bienestar de los ciudadanos.

El informe resalta que la corrupción no solo se ha normalizado en las dinámicas sociales y políticas de los tres países, sino que también se ha integrado al sistema democrático. Asimismo, detalla que el narcotráfico emerge como un actor clave en la dinámica de la corrupción.

Las redes criminales han infiltrado instituciones públicas y financiado campañas políticas, minando la democracia y reforzando el control de sectores oscuros sobre los recursos del Estado. Esta conexión entre corrupción y crimen organizado agrava la crisis de confianza en las instituciones gubernamentales y perpetúa un círculo vicioso de impunidad y desconfianza.

Además, el análisis incluye una evaluación de las misiones internacionales contra la corrupción, como la CICIES en El Salvador, la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. Estas instancias marcaron un antes y un después en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, su salida abrupta, motivada por intereses políticos, dejó un vacío que expuso la fragilidad de las instituciones locales para continuar con su labor.

Según el resumen del estudio, se identifican patrones en el comportamiento de la corrupción, que incluyen la manipulación de contratos públicos y presupuestos nacionales, la captura del sistema judicial para garantizar la impunidad, y el financiamiento irregular de campañas políticas, muchas veces con fondos ilícitos.

Frente a esta realidad, el informe plantea una serie de recomendaciones para enfrentar el problema. Entre ellas, destacan: la promoción de un organismo internacional especializado en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica; la implementación de sistemas patrimoniales públicos que incluyan a los familiares de los funcionarios públicos para prevenir el enriquecimiento ilícito; la protección de las entidades anticorrupción de la interferencia política; y el empoderamiento de la sociedad civil para exigir rendición de cuentas y participar activamente en la toma de decisiones.