Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, volvió a ser protagonista de un episodio controversial en el hemiciclo, esta vez por impedir la discusión de una moción de orden presentada por la diputada liberal Maribel Espinoza, quien buscaba que se investigaran los hechos del 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias, incluyendo posibles responsables intelectuales del desorden que marcó esa jornada electoral.
Pero la reacción de Redondo no fue solo negarse a tramitar la moción. El titular del Legislativo optó por descalificar públicamente a Espinoza, acusándola de “querer ocultar lo sucedido” y de intentar introducir un decreto legislativo disfrazado de moción. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono agresivo y personal de sus declaraciones, alejándose del debate institucional y cayendo en ataques políticos.
“Su objetivo era ‘darle vuelta a la página’, como lo hicieron en el golpe de Estado de 2009, pretendiendo imponer el olvido y la manipulación por encima de la verdad”, escribió Redondo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), sin aportar pruebas sobre tales intenciones.
Además, el presidente del Congreso fue más allá y lanzó duras críticas sobre la legitimidad política de la diputada liberal, señalando que ni siquiera cuenta con el respaldo de su propia base electoral. “Ella no goza de la simpatía ni siquiera de los electores liberales, como quedó demostrado al ocupar, tanto ella como su partido, el último lugar en la votación”, publicó Redondo, dejando ver que sus objeciones estaban más centradas en lo político que en lo legal.
El derecho a debatir no puede depender del cálculo político
La negativa a tramitar la moción abre serias dudas sobre la apertura democrática en el Congreso Nacional. En una institución donde debería prevalecer el diálogo plural y la rendición de cuentas, cerrar la puerta al debate con argumentos políticos y ataques personales deja un mal precedente.
El contenido de la moción de Espinoza no fue discutido, por lo tanto, no hubo oportunidad para que el Pleno valorara su legalidad o pertinencia. En cambio, el presidente del Congreso tomó una decisión unilateral, alegando que se trataba de un intento de evadir procedimientos, sin permitir ni siquiera su lectura ni votación.
“No permitiremos atajos, ni artilugios legales disfrazados, ni intentos de imponer agendas personales por la vía del engaño”, afirmó Redondo en su comunicado, dando por sentado que la moción era inválida, pese a no haberse debatido.
El 9 de marzo sigue siendo una herida abierta
Mientras tanto, los hechos del 9 de marzo siguen sin esclarecerse. El país presenció una jornada electoral marcada por denuncias de fraude, irregularidades logísticas, violencia y falta de transparencia. Sin embargo, a más de un mes del suceso, ni el Congreso ni las autoridades electorales han dado respuestas claras, y la moción de Espinoza podría haber sido un primer paso para exigir esas respuestas.
Redondo, al frenar el debate, parece cerrar la puerta al escrutinio político de lo ocurrido, bajo el argumento de que solo se hablará del tema cuando la Comisión Multipartidaria entregue su informe. Pero hasta ahora, no hay fecha ni claridad sobre cuándo ni cómo se presentará dicho informe.
La falta de voluntad para abrir espacios de discusión sobre un proceso electoral cuestionado genera más sospechas que certezas, y coloca al Congreso en una posición contraria a los principios de transparencia, fiscalización y representación ciudadana.
