Tegucigalpa. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) denunció este miércoles el uso inadecuado de al menos 19 millones de lempiras del presupuesto del Mecanismo Nacional de Protección, los cuales habrían sido destinados al alquiler de vehículos blindados para funcionarios públicos, en lugar de brindar seguridad efectiva a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados.

Durante una conferencia de prensa, Dina Meza, representante de ASOPODEHU, cuestionó la gestión de los fondos del mecanismo, señalando que los recursos están siendo absorbidos por gastos administrativos y beneficios para altos funcionarios, mientras los beneficiarios reales —personas en riesgo por su labor en defensa de derechos y libertades— continúan desprotegidos.

“Mientras los funcionarios públicos circulan en vehículos blindados, los periodistas amenazados no tienen acceso a medidas mínimas de protección, como desplazamientos seguros, cámaras de vigilancia o mejoras físicas en sus viviendas”, denunció Meza.

La organización alertó sobre un incremento en los ataques contra comunicadores y defensores en todo el país, situación que se agrava ante la limitada capacidad de respuesta del mecanismo y la falta de transparencia sobre el destino del presupuesto asignado.

“Vamos a presentar el caso ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH”, anunció Meza. “En Honduras, informar se ha vuelto una actividad de alto riesgo: nos enfrentamos a querellas, amenazas de cárcel, desprestigio y bloqueo en el acceso a información pública”, añadió.

ASOPODEHU exige que se investigue a fondo el uso de los recursos del Mecanismo Nacional de Protección y que se garantice el cumplimiento de su función original que es salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a informar y defender derechos humanos en contextos de alto riesgo.