¿Error o intención? INP conduce a ambientalistas a La Tolva en contravención judicial

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) violentaron el debido proceso, al enviar a un centro de prisión distinto al ordenado por los tribunales de justicia, a los siete ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón.

Al emitir la medida de prisión preventiva, la jueza con competencia nacional, Lisseth Vallecillo Banegas, ordenó el pasado 1 de septiembre remitir a los ambientalistas al centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro.

Pero en una acción arbitraria las autoridades del INP determinaron remitirlos a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.

Los ambientalistas se oponen a la construcción del proyecto minero ASP y ASP 1, concesionado a la empresa Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido empresario Miguel Facussé.

Los encausados alegan que El proyecto está causando daños ambientales y directamente sobre el agua de consumo de los pobladores del municipio de Tocoa, que se suplen del río Guapinol y otros afluentes de la zona.

La determinación de enviar a La Tolva a los ambientalistas de Guapinol, ha sido lamentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (OACNUDH). Además que resulta en un claro acto de desobediencia.


1 Comentario

  1. No conozco de leyes, pero la logica me dice que quien maneja los centro penitenciarios es quien decide donde hospedar las personas que les remiten, me pregunto, que tiene que ver una juez donde van a cumplir la orden de detención, si ni siquiera conocen la región, mucho menos el presidio.

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