TEGUCIGALPA. – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economista (CHE), Liliana Castillo advirtió este viernes que la eliminación del secreto bancario podría generar fuga de capitales y clientes expuestos a la extorsión.

La eliminación del secreto bancario es uno de los puntos contenidos en la Ley de Justicia Tributaria propuestos por la administración de Xiomara Castro, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

El secreto bancario consiste en información de captación de depósitos que todas las instituciones del sistema financiero deben mantener en reserva. “Esa información no debe proporcionársele a nadie, a menos que un juzgado lo solicite. Al eliminar este secreto bancario existirían más contras que pros”, indicó la economista.

Según explicó Castillo, “en primer lugar, todas las transacciones financieras están grabadas con un impuesto por ese concepto y en Honduras es uno de los pocos países que se recauda este tipo de impuestos”.

Por otro lado, detalló “en los contras está el problema de que Honduras tiene una alta tasa de inseguridad ciudadana y al quitar ese secreto bancario, todos los clientes estarán expuestos a que su información sea manejada por varias personas que van a tener acceso a dicha información y entonces los clientes van a tener el riesgo de que al conocerse dicha información pueden ser objeto de extorsión o de otro tipo de cuestiones delincuenciales”.

“Lo que esto puede traer es una fuga de capitales, porque lo más probable es que los clientes saquen sus ahorros de estas instituciones y los trasladen a otros países donde todavía se respete la ley del secreto bancario”, manifestó la expresidente de los economistas al señalar cómo sería afectada la economía hondureña, “sobre todo si ya sabemos que las tasas sobre los depósitos han caído drásticamente”.

Para el economista Carlos Urbizo, si el gobierno quita este tipo de exoneraciones que existen, pues entonces esas compañías, eventualmente se van a retirar, porque los dueños de los parques no van a ver rentable, una situación de ese tipo”.

Por eso, la economista señaló que este es un tema que debe ser tratado “con muchísimo cuidado”.  

Urbizo dijo que comenzando con el nombre es una falacia, “no es justicia tributaria desde ningún punto de vista, de la forma que está planteado y lo que hemos podido ver, es algo que podría tener efecto muy negativo para Honduras. A simple vista se ve que es algo que no va a beneficiar al pueblo hondureño”.

Recordó que “Honduras no se inventó las exoneraciones fiscales, las tuvo que adoptar si quería atraer inversión, qué, de otra forma, se iba ir a otro país”.

El panorama avizorado por el economista es uno muy sombrío, “un descalabro verdaderamente”.

Para ambos economistas, la Ley de Justicia Tributario requiere un estudio profundo para determinar las implicaciones que traerá a la economía hondureña. Proceso Digital