• Al ser consultado, si el estado de excepción puede ser instrumentalizado como un método de represión en un contexto de tensiones policitas, respondió que la herramienta debe ser usada para el bien de la colectividad.
• En el ámbito político, cuestionó que los movimientos se desmarquen de la aprobación del decreto y prevalezcan los intereses partidarios.

Tegucigalpa. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, aunque defiende el estado de excepción como herramienta para frenar la criminalidad en el país, reconoce, que no haber presentado el decreto para su ratificación en el Congreso Nacional (CN) “es un error”.

Durante su participación en el programa En La Mira, remarcó que es una función ineludible del CN, aprobar, ratificar, o reformar la normativa que se aplica en 226 de los 298 municipios de Honduras.

Advirtió sobre las implicaciones legales que se derivan del vacío legal al aprobar el decreto ejecutivo sin haberlo remitido previamente al CN.

“Cabe el recurso de ilegalidad que tenga que ver con la suspensión de derechos y garantías. Cualquier grupo de sociedad civil puede presentar un recurso en la Sala Constitución y ese decreto lo vuelve nulo” refirió.

Herramienta necesaria

El defensor de los derechos humanos sostuvo la necesidad del estado de excepción como una herramienta clave que fortalecer las acciones de los órganos de seguridad de Honduras en el combate a la criminalidad.

Expresó que medida fortalece las acciones de los agentes policiales, del Ministerio Publico y de los funcionarios de la PMOP que realizan sus labores en la seguridad pública.

Maldonado durante su intervención dijo que el CODEH ha analizado las estadísticas de violencia y criminalidad en Honduras durante el 2023-2024 y respaldan las mejoras en la reducción de los fenómenos.

“Paulatinamente ha habido un descenso en algunos años en la violencia y la criminalidad se mantuvo, en otros la violencia subía de márgenes, en el actual gobierno, por ejemplo, terminamos el año con 27 muertes por cada 100 mil habitantes”.

Agregó que “veníamos de años en los cuales se registraban 42 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, eso significaba que al día morían 14 hondureños”, detalló.

Instrumentalización del método

Al ser consultado, si el estado de excepción puede ser instrumentalizado como un método de represión en un contexto de tensiones policitas, respondió que la herramienta debe ser usada para el bien de la colectividad.

“El estado de excepción, deber ser usado contra los grupos organizados que generan violencia y criminalidad en Honduras, no debe ser usado para otro fin más que para la seguridad pública” sostuvo.

En el ámbito político cuestionó que los movimientos se desmarquen de la aprobación del decreto.

En ese sentido, refirió que ningún partido debe interponer sus interese electorales respecto a una función de bien común.

Concluyó diciendo que los movimientos que no estén a favor de la medida pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Sobre el estado de excepción

El 6 de enero, por décimo octava vez, el gobierno determinó ampliarlo por 45 días más en 226 municipios del país.

El decreto ejecutivo PCM-03-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, resalta el objetivo de continuar con el combate contra la violencia y los grupos delictivos en Honduras.

Desde su implementación en diciembre de 2022, las autoridades afirman haber realizado más de 43,000 allanamientos, la detención de 4,774 personas por extorsión y delitos conexos, y el desmantelamiento de cerca de 1,000 bandas criminales. Además, según las fuerzas de seguridad, se confiscaron importantes cantidades de drogas y armas de fuego.