EHH interpone recurso de amparo contra el Estado de Honduras

Esto a raíz del Decreto Ejecutivo PCM-081-2020 de manera contractual, según la demanda el Estado estaría obligado a pagar 500 millones de dólares.

A pesar que en el libro de entradas de recibo de demandas de la Corte Suprema de Justicia, se detalla el recurso de amparo administrativo (1063), por parte de la Empresa Energía Honduras (EEH) en contra de la ENEE, el gerente EEH, Ricardo Roa, descarta que se trate de una demanda, sino que solo están solicitando el cumplimiento del contrato, a través de un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Roa Afirmó que “en estos contratos tratándose de un tema tan importante como es la energía hay que tener mucho cuidado y medir las cosas con mucho pulso y ponderación”, quizá sea por eso que explicó lo mismo, pero con otras palabras.

Detalló que el recurso contiene tres aspectos: que se declare la acción de constitucionalidad de amparo en contra del decreto ejecutivo PCM 081-2020.

Que se declare su no obligatoriedad respecto al reclamante por tener disposiciones que contravienen, disminuyen y tergiversan los derechos constitucionales y que se solicite la suspensión del acto reclamado.

Aclaró que hasta el momento ellos no tienen ninguna circular, ningún oficio o norma en la que digan que el inversionista operador ha incumplido alguno de sus indicadores.

Defendió que las pérdidas muestran una recuperación importante y han solicitado a apoyo al Ministerio Público (MP) para que se haga un cambio de cultura fuerte en torno a las pérdidas de energía en el país.

Indicó que el control de las operaciones es responsabilidad de la empresa, pero no de la judicialización y penalización del fraude en la energía en el país.

“Hemos denunciado actos en los cuales el gobierno a través de la Comisión Interventora ha querido plantear la intervención del contrato y la toma del control”, añadió.

Sostuvo que han presentado denuncias ante instancias judiciales, como el Conadeh, Ministerio Público, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Juzgado de Letras de lo Civil, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, BID y BCIE.


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