Director del INA afirma que esa institución continúa bregando por la solución de conflictos en el agro

Sin tener sesgo hacia un determinado sector, grupo o persona, así la labor que continúa realizando el Instituto Nacional Agrario (INA), afirma su director ejecutivo, Ramón Lara.

Declaraciones que vienen al caso de los recientes asesinatos contra dirigentes étnicos-ambientalistas, perpetrados en Honduras.

Porque personas que defienden sus tierras ancestrales, de las intenciones de empresas que obviando las disposiciones legales y con el ‘favor’ de funcionarios inconscientes generan graves problemas que generalmente conducen hacia el asesinato de los dirigentes con la intención de intimidar a los grupos nativos.

Al respecto el director del INA expone. “Bueno, la muerte de una persona se lamenta, independientemente de su clase social o político, la pérdida de un ser humano siempre se lamenta, en el caso del dirigente de la UTC se lamenta y le damos el sentido pésame a su familia”.

“Nosotros como institución estamos tratando de solventar diferentes conflictos que se generan por la tenencia de la tierra. Por lo general, los grupos campesinos siempre aducen que ellos tienen la razón, lo mismo quien aduce que es el propietario de la tierra, entonces para eso existen las autoridades competentes”.

“En este caso nosotros que determinamos por ejemplo la naturaleza jurídica de la tierra, podemos decir ‘señores esto no se puede porque es privada’, o en algunos casos se ha determinado que personas terratenientes están en posesión de tierras nacionales; entonces si un grupo denuncia un caso de este tipo, pues nosotros le damos la razón a los grupos; pero no lo podemos dar cuando se está violentando el derecho a la propiedad privada, porque estaríamos debilitando lo que es la seguridad jurídica”, afirmó el funcionario agrícola.

Agregó que esa es una normativa que el Estado debe garantizarla a todas las personas, naturales o jurídicas. Así que estamos aquí como institución tratando solventar conflictos, se han resuelto una gran cantidad de ellos, aunque reconoció que es imposible resolverlos todos.

Y desgraciadamente esto desemboca en el derramiento de sangre en el campo. “En el caso por ejemplo de os indígenas, yo le voy a poner un ejemplo de hace un par de años en Santa Bárbara, un  grupo que está afiliado a Copimh, mataron a un miembro de se grupo y l INA investigó y nosotros le dimos la razón al grupo indígena”.

“Es más, estamos interviniendo esa tierra y se la vamos a dar al grupo indígena, eso ya está determinado claramente, porque por justicia así tiene que ser; entonces nosotros cuando corresponde dar la razón tenemos la obligación de dársela”.

Y aunque reconoce que el INA no es un tribunal, sí es el encargado por parte del Estado de administrar el proceso agrario, por lo tanto sus decisiones sí son vinculantes.

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