La polémica por la ubicación de la prisión en Gracias a Dios divide opiniones entre sus representantes en el Congreso Nacional.
GRACIAS A DIOS. La construcción de una megacárcel en Mocorón, diseñada para albergar hasta 20,000 privados de libertad, ha generado un intenso debate en el Congreso Nacional y entre las comunidades locales. Las posturas de la diputada liberal Erika Urtecho y el diputado Rafael Sarmiento, presidente de la Comisión de Seguridad, reflejan la división sobre el impacto y la pertinencia del proyecto en esta zona de la Mosquitia hondureña.
Erika Urtecho: «La cárcel no es prioridad para Gracias a Dios»
La diputada Urtecho expresó su rechazo a la construcción del centro penitenciario, argumentando que la decisión se tomó sin consultar a las comunidades indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Somos un departamento indígena y tenemos derecho a una consulta libre, previa e informada. Este proyecto afecta a nuestras comunidades, que ya enfrentan graves carencias como la falta de energía eléctrica, hospitales y agua potable. Con los 2,500 millones de lempiras que costará esta cárcel, podríamos transformar la región con proyectos prioritarios”, afirmó.
Urtecho también destacó que el sitio propuesto no está tan aislado como algunos sugieren. “La comunidad de Mocorón, con 2,000 habitantes, está cerca del lugar donde se planea la construcción. Además, esto podría impactar negativamente en el desarrollo del turismo, que es uno de los potenciales económicos de la región”, añadió.
La diputada pidió al gobierno reconsiderar la ubicación del proyecto y sugirió que se construya en zonas menos habitadas, como el Corredor Seco, para evitar mayores afectaciones.
Rafael Sarmiento: «Es una medida necesaria en la lucha contra el crimen»
Por su parte, el diputado Rafael Sarmiento defendió la construcción de la megacárcel como parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y las pandillas.
“El gobierno ha buscado un lugar lo más aislado posible para garantizar que no afecte a comunidades populosas. Este proyecto forma parte de las medidas de seguridad que han reducido significativamente la tasa de homicidios en el país”, afirmó.
Sarmiento también señaló que el gobierno está invirtiendo simultáneamente en otras áreas esenciales, como la construcción de ocho hospitales en diferentes partes del país, y destacó que la cárcel será clave para enfrentar el incremento de detenciones derivado de la lucha contra el crimen.
“El Congreso Nacional no decide dónde se construyen estas infraestructuras, pero respaldamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el país. La ubicación fue seleccionada con base en estudios que aseguran su viabilidad”, indicó.
Comunidades indígenas exigen ser consultadas
Líderes comunitarios y organizaciones indígenas han exigido al gobierno que respete su derecho a ser consultados sobre proyectos que impacten su territorio. Argumentan que, además de violar el Convenio 169, la megacárcel podría agravar los problemas de seguridad y convivencia en la región.
Mientras el gobierno avanza en los estudios y planeación del proyecto, la construcción de la cárcel en Mocorón sigue dividiendo opiniones. Por un lado, se presenta como una medida clave para reforzar la seguridad nacional; por otro, comunidades y líderes locales consideran que refleja un desalineamiento de las prioridades para el desarrollo de Gracias a Dios.
