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Dictan prisión preventiva contra funcionario judicial y madre por múltiples delitos


El Juzgado en Criminalidad Organizada y Corrupción, dictó detención preventiva contra Lenard Matamoros, funcionario judicial, y su madre, María Reina García, por presuntamente cometer cuatro delitos que incluyen lavado de activos, cohecho propio y revelación de secretos. La Audiencia Inicial fue programada para el 19 de diciembre.

El funcionario judicial y su madre fueron detenidos ayer por miembros de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes ejecutaron las dos órdenes de captura en la residencial Las Uvas de Comayagüela, en donde el Ministerio Público afirmó que se encontraron indicios relacionados con dichos delitos.

Matamoros García quien se desempañaba como Receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa.

Durante el desarrollo de los allanamientos ordenados por el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, también se aseguraron e incautaron un bien inmueble ubicado en residencial Las Uvas, propiedad del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (fallecido), cuya escritura pública de compraventa fue alterada por un pariente del notario autorizante, y posteriormente vendido por menos del 20% de su valor comercial a la madre del funcionario judicial relacionado, según el MP.

Como antecedente, explicó que las investigaciones del presente caso iniciaron desde el 2019, cuando la MACCIH-UFECIC durante los procesos de solicitud de diligencias de allanamientos, se identificó que, desde el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción, se estaba facilitando información a los investigados, lo que traía como consecuencia que las diligencias prejudiciales y captura de los imputados, fracasaran; lográndose identificar, al menos en dos ocasiones, la entrega de dinero a cambio de dicha información.

"Se establece en el análisis financiero que los ingresos de dicho funcionario judicial aumentaron de manera considerable cuando inicia labores en el circuito anticorrupción, siendo ante su salario el único ingreso identificado. En dicho periodo también inicia las transacciones en efectivo a través de cajeros automáticos, consistentes, al menos en 165 depósitos, que sumaron un total de L2,063,800.00", reza el texto de esa institución.

Señala que uno de los modus operandi a los que recurrieron son los depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, así como la  administración y explotación de juego de suerte, envite o azar no autorizados, que en un principio operaban desde su vivienda y que, posteriormente durante la pandemia de COVID-19 continuó con la operatividad utilizando las aplicaciones de WhatsApp y ¨PÓKER¨, para organizar las partidas de juego, operando como un casino clandestino, en el que  se han identificado, a la fecha, alrededor de 213 jugadores que pagaban sus apuestas a través de trasferencias bancarias a su cuenta bancaria personal, que sumaron aproximadamente dos millones de lempiras.

 

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