ILAMA, SANTA BÁRBARA. -  Varias caletas llenas de armas nueve milímetros, explosivos, municiones, celulares, puñales, machetes, cables de internet, además de decenas de trincheras blindadas ubicadas como “fuertes de guerra” que habían construido tanto las organizaciones criminales Mara13 como la Pandilla18, fueron desmanteladas en el marco de la Operación “Refundación Penitenciaria I” que dirige la Comisión Interventora nombrada por la Presidenta Xiomara Castro conforme al Plan Solución Contra el Crimen (SCC).   

La estrategia a cargo de la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, comisionada presidenta ante el Instituto Nacional Penitenciario (INP), se mantuvo por cinco días consecutivos en una inédita operación de búsqueda exhaustiva que tenía como objetivo no solo el hallazgo de todo tipo de artefacto ingresado burlando las leyes a lo interno de la cárcel; sino que también el desmontaje de la gobernanza que han mantenido por varios años, las estructuras del crimen organizado. 

Las operaciones tácticas estuvieron a cargo de las nuevas autoridades del directorio policial del INP quienes ejecutaron parte del plan establecido en el marco de la intervención del sistema penitenciario nacional y quienes dirigieron a más de 2, 500 hombres a lo interno del centro penitenciario en donde no se reportó ningún acto violento en perjuicio de los privados de libertad. 

Resaltan que es la primera vez en que se involucran directamente oficiales de alto mando policial en acciones operativas junto a una viceministra de seguridad, así como el apoyo de decenas de agentes penitenciarios graduados de la Academia Nacional Penitenciaria (ANP) en el marco de una intervención de emergencia que en esta ocasión duro cinco días de exhausto trabajo de demolición, inspección, detección, carga, descarga como parte del trabajo realizado, siguiendo una instrucción presidencial. 

En ese sentido, la primera acción fue el desmontaje de decenas de barricadas, vallas, paredes construidas con las mismas puertas de las celdas que fueron desprendidas por los privados de libertad a lo largo de los años con el fin de colocarlas para su autoprotección en momentos en que la autoridad pretende ingresar a los módulos. 

Lo anterior, significaba para la autoridad alto riesgo debido a que esas puertas eran usadas como fuertes de guerra y desde los huecos de las mismas podrían disparar sin que los privados de libertad lograran ser repelidos en una acción de defensa propia y recuperación del control y gobernanza por parte de la autoridad en la cárcel. 

ALGUNOS HALLAZGOS VISIBLES   

En la primera fase de la “Operación Refundación Penitenciaria I”, en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Barbara, “El Pozo”, se logró extraer distintos objetos y artefactos de uso prohibido para las personas privadas de libertad. 

En las requisas realizadas en los módulos en que conviven los integrantes de estructuras criminales, se logró el decomiso de dos granadas de fragmentación, 11 armas de fuego: seis pistolas y 5 chimbas; también 304 proyectiles y 493 casquillos percutidos que estaban ocultos en la tubería de uno de los módulos, otros proyectiles fueron encontrados en caletas en el piso y paredes de varios cuartos carcelarios. 

En otros módulos también fueron encontrados en las caletas, tres chalecos antibalas y cinco placas para chalecos antibalas, 88 armas corto punzantes tipo puñales y machetes, 67 objetos corto punzantes construidos con palos y pelotas de jabón para lavar ropa, pero que con la dureza son armas hechizas capaces de dar golpes mortales, 84 teléfonos celulares, 1 antena para señal de internet y varias cajas de repetidores de señal WIFI y comunicación inalámbrica. 

Asimismo, tanto en las caletas de pared y suelos debajo de las camas de los privados de libertad, se encontraron 121 botes conteniendo pintura similar a la que están pintadas las paredes de la cárcel la cual utilizaban para ocultar cuando abrían las caletas y poder disimular los escondites y perforaciones.   

Al trascurrir los días se seguían encontrando más caletas en donde las estructuras criminales mantenían aparatos tipo cámaras de videos, memorias USB, tarjetas de una compañía de telefonía celular cargadas para realizar llamadas, entre otras decenas de objetos puntiagudos y romos como tubos con los que se fabrican las “chimbas” o armas caceras de largo alcance, así como sustancias de uso prohibido para las personas privadas de libertad. 

TRABAJO INTERISTITUCIONAL Y COOPERATIVO 

La operación, fue una acción coordinada por la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, en conjunto con la Secretaria de Defensa y Seguridad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entre otras instituciones que comprometidas con  apoyar en la estrategia establecida por la presidenta interventora, Julissa Villanueva con la finalidad de lograr un desarme, que asegure un ambiente y un espacio vital para las personas privadas de libertad y que no se registren más muertes bajo custodia, declaro la Comisionada Adjunta, abogada Sandra Rodríguez, que también participó en el desarrollo de la operación. 

La ex comisionada de Conaprev, manifestó la importancia de evitar que se registren las muertes bajo custodia y que las mismas queden en la impunidad, por lo que se han buscado medidas enfocadas en dar respuesta, que buscan que los familiares de las personas privadas de libertad que han perdido a un ser querido puedan obtener respuestas por parte del Estado, de manera oportuna. 

Afirmó, que este tipo de operaciones también tienen como propósito, crear espacios seguros para los procesos de rehabilitación y reinserción, esto tomando en cuenta la opinión de las personas privadas de libertad que, en el desarrollo de la Operación Refundación Penitenciaria I, dialogaron con la Comisión Interventora. 

La funcionaria, reconoció que el trabajo interinstitucional permitió desarrollar la operación bajo el marco del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, velando por que no se dieran tratos de tortura, tratos crueles o degradantes, objetivos que han sido cumplidos. 

“Al pueblo hondureño y, a la sociedad en general les decimos, que estas operaciones buscan dar respuesta a muchas de las controversias sociales que enfrentamos y sobre todo contribuir como lo ha dicho la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro a una sociedad de paz. 

La comisionada adjunta, invitó a los familiares de las personas privadas de libertad del centro penitenciario de Ilama, así como de las que conviven en el resto de establecimientos para que dialoguen con sus parientes para que estos no se presten al ingreso y uso de armas letales y no letales (armas de fuego, entre otras) y cualquier otra sustancia que puede provocarles daño en su integridad física y vida. 

Por su parte, el comisionado adjunto Mario Chinchilla, destacó que todas las acciones de intervención ameritan procesos largos de estructuración de estrategias y operaciones tácticas que deben de ir siendo organizadas a medida se contemplan los escenarios que son diferenciados en cada recinto penitenciario a nivel nacional, pero que la disposición de todos los involucrados en uno de los factores claves para lograr los resultados deseados no solo de gobernanza del Estado en las cárceles sino que también de mejorar la seguridad nacional.