Una quincena de organizaciones humanitarias exigió este lunes a la Asamblea Legislativa de El Salvador que apruebe una ley de justicia transicional que establezca programas de reparación a víctimas de la guerra civil (1980-1992).

Señalaron que desde 2016 «se ha incumplido la sentencia de inconstitucionalidad» que anuló una ley de amnistía de 1993 y en la que los magistrados constitucionalista de la Corte Suprema ordenaron aprobar una ley que facilite «el acceso a la justicia» y «un amplio programa de reparación integral».

«Demandamos a la Asamblea Legislativa cumplir su obligación de aprobar una ley de justicia transicional», indicaron representantes de las organizaciones no gubernamentales en una conferencia de prensa.

Agregaron que existe un «incumplimiento sistemático de la Asamblea Legislativa» de fallo de julio de 2016.

Lamentaron que las tres propuestas de anteproyecto de ley presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos al Congreso «han sido ignoradas», a pesar de que estas «incorporan los estándares ordenados por la Sala de lo Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

Estas organizaciones forman parte de la Mesa contra la Impunidad de El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

Los representantes de los entes informaron sobre la presentación de una solicitud de audiencia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que hace más de un año «abrió un proceso de estudio para la aprobación de esta ley, el que fue interrumpido abruptamente y sin explicaciones en febrero de 2022″, sin que a la fecha se evidencia ningún interés en retomarlo».

En febrero de 2020, la legislatura de ese momento aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por el presidente Nayib Bukele.

Posteriormente, en septiembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos anunció un nuevo proceso de análisis para la creación de una ley de justicia transicional, pero las organizaciones han señalado que, según la información disponible, la comisión no ha retomado la discusión.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

EFE