Tegucigalpa. La impunidad sigue siendo la norma en Honduras cuando se trata de crímenes contra quienes luchan por los derechos humanos. De acuerdo con un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al menos 65 defensores han sido asesinados entre 2020 y abril de 2025, y el 95 % de estos casos siguen sin resolverse.

Las víctimas no son solo cifras: se trata de personas que defendían la tierra, el ambiente, los derechos de pueblos originarios y de la comunidad LGBTIQ, según señaló Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh.

Más alarmante aún es que el 60 % de los asesinatos ocurrieron entre 2022 y 2023, un periodo que marca un preocupante incremento en la violencia contra quienes protegen causas fundamentales para la democracia y la justicia social.

Cáceres advirtió que los defensores viven bajo un “riesgo extremo”, atacados tanto por actores estatales como por estructuras no estatales que buscan “silenciar sus luchas”. A esta situación se suma lo que el Conadeh califica como una “deuda histórica del Estado” con los familiares de las víctimas, quienes han sido privados del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

En paralelo, el organismo también alertó sobre una creciente problemática ambiental: más de 200 denuncias han sido recibidas desde 2019 por afectaciones ambientales en diversas regiones del país. Estas incluyen desde contaminación por minería ilegal y derrames tóxicos, hasta tala indiscriminada, abuso de autoridad en concesiones forestales y el deterioro de cuencas hídricas.

El Conadeh concluyó su informe haciendo un llamado urgente a las autoridades para realizar investigaciones diligentes y conforme a derecho, a fin de detener la violencia sistemática contra quienes defienden causas vitales para el país.