¿De qué lado está la Junta Interventora de Invest-H?

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Trasciende la contratación de un destacado bufete legal de Centro América, con la intención de resolver los ‘entuertos’ administrativos de la gestión de Marco Bográn.

Se trata de la firma de abogados, Lexincorp que tiene oficinas en todos los países de Centro América, incluyendo Honduras.

Se ha logrado conocer de una serie de correos electrónicos que son la prueba que en realidad existe una relación contractual entre ambas partes.

Por lo tanto, los representantes de Lexincorp han venido realizado diversas gestiones con el personal legal de Invest-H y han sostenido reuniones en las últimas semanas para el intercambio de información.

No obstante, las autoridades de Invest-H se han negado a entregar información sobre el acuerdo suscrito con Lexincorp y el monto económico del acuerdo, pero se tuvo acceso a los correos que prueban que existe una relación entre ambos.

Se ha indicado que el personal de Invest-H se ha reunido en varias oportunidades con los abogados Benito Zelaya y Alejandra Chan, que representan a la firma.

En Honduras, diversos sectores consideran como innecesaria la contratación de esta firma de abogados, dado que para eso Invest-H cuenta con asesores legales y una unidad de asuntos jurídicos para tratar los temas relacionados con compras, contrataciones, concesiones y otros asuntos jurídicos vinculados con la institución.

Eso por una parte; y por otra, que lo que debe hacer la junta interventora es facilitar toda la información que requiera el Ministerio Público, porque Honduras lo que exige es que se aclaren todas las situaciones señaladas, no que se trate de ‘salvar el pellejo’ a particulares.

Recordamos que el pasado 23 de junio, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) abrió una investigación contra el exdirector de Invest-H por la compra de siete hospitales móviles, otra compra de respiradores mecánicos y otra compra de mascarillas.
El Ministerio Público le atribuye a Bográn los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Entonces ¿De qué lado está la Junta Interventora de Invest?

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