El informe destaca que la corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Señala con preocupación la remoción de jueces que llevaban casos clave contra el crimen organizado.

Estados Unidos. El narcotráfico internacional continúa arraigándose en los territorios más frágiles de Honduras, mientras las instituciones estatales fallan en recuperar el control y cerrar las brechas de impunidad. Así lo plantea el Informe Antidrogas 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que traza un panorama complejo y alarmante sobre la situación del país en materia de seguridad, corrupción y crimen organizado.

El documento oficial señala que Honduras sigue siendo una de las principales rutas de tránsito de cocaína hacia el mercado estadounidense, y que las acciones actuales del Estado, aunque visibles, resultan limitadas frente a la magnitud del problema. Las operaciones de interdicción afectan apenas una porción de la creciente actividad criminal que ocurre, sobre todo, en las regiones donde el Estado prácticamente no tiene presencia: Colón, Gracias a Dios y Olancho, entre otras.

Estas zonas, catalogadas como “espacios no gobernados”, han sido cooptadas por organizaciones criminales transnacionales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y las pandillas MS-13 y Barrio 18, que operan con total impunidad, aprovechando tanto la débil institucionalidad como los vacíos legales.

 Corrupción e impunidad: un Estado cercado desde adentro

Uno de los señalamientos más duros del informe tiene que ver con la corrupción sistémica en el aparato estatal, la cual debilita cualquier esfuerzo real de combate al narcotráfico. En particular, se critica la remoción de jueces clave que llevaban casos contra mafias criminales, la impunidad dentro del sistema judicial y la reincorporación de exfuncionarios ligados a corrupción mediante amnistías políticas promovidas por el Congreso.

“La corrupción sigue con impunidad en el sistema de justicia hondureño, lo que reduce drásticamente los riesgos para quienes están involucrados en el narcotráfico”, indica el documento, que advierte además que este fenómeno no solo afecta al sector público, sino que también involucra a actores privados con intereses en mantener el statu quo.

Aunque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha reiterado que la lucha contra las drogas es una prioridad, el Departamento de Estado considera que falta voluntad política real. La implementación del estado de excepción desde diciembre de 2022 –originalmente dirigido a combatir la extorsión– ha provocado una reasignación de recursos humanos y financieros, debilitando la capacidad de las fuerzas del orden para enfrentar a los grandes operadores del narcotráfico.

 Golpes diplomáticos y tensiones por el tratado de extradición

Otro de los puntos que ha generado tensión con Washington es la decisión del gobierno hondureño de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos en agosto de 2024, bajo el argumento de que dicho acuerdo “atenta contra la soberanía” y podría ser utilizado con fines de “justicia selectiva”.

Este movimiento ha generado fricción en las relaciones bilaterales, especialmente cuando Estados Unidos ha basado parte de su estrategia antidrogas en la cooperación legal y en la captura de narcotraficantes de alto perfil a través del mecanismo de extradición.

Tras esa decisión, altos funcionarios como la ministra de Defensa Rixi Moncada y el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández realizaron un viaje a Washington para discutir cooperación antidrogas. A su regreso, ambos ofrecieron discursos enfocados en la defensa de la soberanía, la no injerencia extranjera y la crítica a las oligarquías, dejando claro un endurecimiento discursivo frente a EE.UU.

 Drogas sintéticas, microtráfico y jóvenes en riesgo

El informe también advierte sobre el crecimiento del consumo interno de drogas y la aparición de sustancias sintéticas como el fentanilo, cuya presencia ha comenzado a detectarse en aduanas como Puerto Cortés. Aunque no se han encontrado laboratorios de producción local, las incautaciones sugieren que Honduras podría estar siendo utilizada como ruta de entrada para este tipo de drogas altamente peligrosas.

A nivel interno, el consumo de marihuana, cocaína y crack se mantiene elevado, especialmente entre sectores juveniles en áreas urbanas. No obstante, el país carece de estudios sistemáticos sobre el consumo de drogas, ya que el Observatorio Hondureño de Drogas nunca ha realizado una encuesta de población general. El reporte indica que el manejo del microtráfico se basa en estimaciones y rumores, y que apenas recientemente se creó una unidad enfocada exclusivamente en este fenómeno.

El informe destaca el apoyo de Estados Unidos a través de programas de prevención y capacitación escolar, como el modelo de resistencia a las pandillas, que en 2023 alcanzó a 39 mil estudiantes con talleres de sensibilización sobre violencia y drogas.

Esfuerzos institucionales debilitados por falta de recursos

En el terreno operativo, si bien el informe reconoce avances como la erradicación de 194 hectáreas de coca y la destrucción de laboratorios clandestinos en 2023, se indica que los resultados aún son marginales frente a las toneladas de droga que transitan por el país.

El Centro Conjunto de Operaciones e Investigación (CCOI), creado en 2020 como un mecanismo para articular las acciones estatales contra el narcotráfico, permanece debilitado por falta de funciones claras, bajo presupuesto y escaso respaldo político, lo cual impide su funcionamiento pleno.

El informe también advierte que la falta de comunicación interinstitucional sigue siendo un talón de Aquiles, al igual que la escasa transparencia en la administración y destrucción de precursores químicos y drogas incautadas.

Aunque Honduras forma parte de mecanismos regionales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Acuerdo Regional del Caribe sobre Antinarcóticos Marítimos y la Convención Interamericana sobre Asistencia Penal, su rol efectivo dentro de estos marcos sigue siendo débil.

Advertencias de EE.UU.

En su conclusión, el Departamento de Estado lanza una advertencia clara: si Honduras no toma acciones decisivas para cerrar las brechas en seguridad, fortalecer sus capacidades institucionales y erradicar la corrupción, las organizaciones criminales seguirán dominando el territorio nacional.

Se insta al país a finalizar su estrategia nacional contra el crimen organizado, fortalecer la coordinación interinstitucional, redefinir la misión y operatividad del CCOI, mejorar la capacidad investigativa y judicial ,invertir en campañas de prevención del consumo, aumentar la transparencia en procesos antidrogas y a tomar medidas reales para combatir la corrupción estructural

Sin estos pasos, concluye el informe, el Estado hondureño seguirá cediendo espacio al narcotráfico, mientras las promesas de soberanía, justicia y seguridad para su población continúan vacías.