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CSJ interviene en la crisis ‘cautiva’ en los centros penitenciaros del país

Para tal efecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició de oficio un Recurso de Exhibición Personal de carácter Correctivo a fin de salvaguardar la libertad individual de los privados de libertad y para mantener el orden de los centros penitenciarios, para lo cual, los directores de los centros penitenciaros, así como el Director del Instituto Nacional Penitenciario, deben presentar a los jueces ejecutores los detalles de las situaciones presentadas.

El recurso de exhibición personal correctivo número 432-2023 presentado por los magistrados fue admitido y se nombró como jueces ejecutores a los defensores públicos Silvia Chinchilla y Wilmer Hernández para que se investigue el estado en que se encuentran los privados de libertad.

Las actuaciones oficiosas y la información recabada ordenadas por los Magistrados de la Sala Constitucional deberán realizarse en la Penitenciaría Nacional en Támara, la cárcel de Siria en El Porvenir, ambas ubicadas en Francisco Morazán; la cárcel de Ilama en el departamento de Santa Bárbara y la de Morocelí ubicada en El Paraíso.

Como se recordará, estas cárceles fueron escenario el fin de semana recién pasado, de varios enfrentamientos que dejaron como trágico resultado a 11internos heridos y uno muerto.

El informe que deberán rendir los jueces ejecutores, en el menor plazo posible, determinará cuáles fueron las actuaciones de los Directores de los Centros Penales antes citados con relación a una persona muerta y varios heridos.

En base a la Ley sobre Justicia Constitucional, en su artículo 19, la Sala Constitucional puede iniciar de oficio la acción de exhibición personal ya que a la fecha no se ha presentado ninguna acción por parte de ninguna organización, pariente o persona relacionada con los agraviados.

Una vez rendidos los informes por parte de los Jueces Ejecutores esta Sala emitirá la sentencia correspondiente donde se indicarán todas las acciones de carácter correctivo que deben ser implementadas por las instituciones y por los funcionarios respectivos.

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