La controversia involucra más de 1.500 millones de lempiras y genera sospechas sobre posibles irregularidades

Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir en los próximos días sobre una millonaria condena contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en un caso que ha generado suspicacias debido a denuncias sobre presuntas irregularidades en fallos judiciales que han costado al Estado más de 3.700 millones de lempiras en los últimos cinco años.

El proceso en cuestión, que asciende a más de 1.500 millones de lempiras, corresponde a una demanda ordinaria de pago presentada por la empresa Hidrocentralidad de Honduras. Su representante legal, el abogado Mario Sorto, ha defendido la legalidad del fallo y ha señalado que el retraso en el cumplimiento de acuerdos contractuales por parte del Estado ha incrementado la deuda con intereses acumulados a lo largo de una década.

“La noticia que sale ahora es porque ya va a subir a Pleno, porque ha salido también favorable 2 a 1 a favor de mi representado”, explicó Sorto, destacando que el caso ha sido resuelto en primera y segunda instancia a favor de la empresa demandante.

Sin embargo, organizaciones de sociedad civil han cuestionado la rapidez con la que este expediente ha sido trasladado al Pleno de la CSJ, en comparación con otros casos de mayor antigüedad. Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), instó al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva sobre posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas en la gestión de estos litigios.

“Desde ASJ solicitamos una investigación profunda y célere para deducir responsabilidades en contra de funcionarios que permiten que el Estado pierda estas demandas”, afirmó Aguilar.

El expediente fue remitido a la Secretaría de la Presidencia de la CSJ el pasado 16 de enero, donde un magistrado proyectista ya trabaja en la elaboración del proyecto de resolución que será sometido a votación en el Pleno. Sin embargo, el abogado Fernando González expresó su preocupación sobre la aparente prioridad que se le ha dado a este caso, sugiriendo que podría estar siendo tratado con celeridad inusual.

El impacto de los juicios prolongados y las posibles soluciones

El abogado y experto en derecho laboral, Germán Leitzelar, advirtió sobre las consecuencias económicas de los prolongados litigios contra el Estado, señalando que la demora judicial y la falta de mecanismos alternativos agravan el problema.

“El hecho de decir que ahora está en manos de la Corte Suprema determinar si una sentencia afectará al Estado en tantos millones de lempiras es terrible por muchas razones”, expresó Leitzelar. “Si el demandante tiene derecho, debe ganar la demanda, pero lo inconcebible es que llegue a esos niveles económicos cuando se deberían buscar soluciones alternativas”.

El abogado señaló que la falta de una cultura de conciliación y las malas prácticas judiciales han generado una situación en la que los procesos judiciales se extienden por años, generando indemnizaciones desproporcionadas.

“En Honduras, los salarios dejados de percibir como indemnización en materia laboral son ilimitados. Si un juicio dura 10 años, se deben pagar 10 años de salarios y así sucesivamente”, explicó Leitzelar, advirtiendo que esto afecta tanto al sector público como al privado.

El experto también destacó la falta de rendición de cuentas entre los funcionarios que permiten que el Estado pierda demandas de gran magnitud y la ausencia de planificación jurídica adecuada. “No hay una debida estructuración de responsabilidades ni un control sobre la discrecionalidad judicial. La transparencia es deficiente y, en muchos casos, los funcionarios de la Procuraduría no tienen la oportunidad de negociar, aunque sepan que la demanda está perdida”, agregó.

Medidas urgentes para evitar futuras pérdidas millonarias

Según Leitzelar, el Estado aún puede buscar negociaciones para reducir el impacto económico de estos fallos, incluso cuando ya hay sentencias dictadas.

“Aunque una persona ya tenga una sentencia a su favor, siempre existe la posibilidad de llegar a un entendimiento. No es cuestión de decirle ‘tiene derecho a 100 millones, agarre 10’, pero cualquier cantidad que se pueda ahorrar es fundamental”, señaló.

El abogado propuso fortalecer la asesoría jurídica de las instituciones estatales, mejorar la capacitación de los defensores del Estado y establecer mecanismos de rendición de cuentas para los funcionarios que toman decisiones arbitrarias que comprometen las finanzas públicas. Además, subrayó la necesidad de reformas normativas en la defensa del Estado y mayor control sobre la aplicación de la justicia.

“Se deben revisar las contrataciones en el Estado y los procesos administrativos tanto de contratación como de finalización de contratos. Pero esto requiere reformas judiciales y un Congreso que pueda ponerse de acuerdo en algo más que solo el presupuesto”, concluyó Leitzelar.

La decisión final sobre este caso estará en manos del Pleno de la CSJ, que deberá evaluar si ratifica la millonaria condena contra la ENEE o si el Estado logra una negociación que minimice el impacto sobre las finanzas públicas.