Tegucigalpa. A través de su cuenta X, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) compartió el informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC) que ha revelado cifras preocupantes sobre el uso de recursos públicos por parte del Congreso Nacional (CN) durante el año 2024.

De acuerdo con el documento, los grupos de gasto que presentaron una mayor ejecución fueron los de servicios personales, pasajes, viáticos y otros gastos de viaje, y transferencias. Estos tres rubros concentraron un alarmante 90 % de la ejecución total del presupuesto.

El informe detalla que, en concepto de viáticos, pasajes y otros gastos de viaje, el Congreso Nacional ejecutó un total de L 173,261,582.9 durante 2024. De esa cantidad, L 155,518,024.5 fueron destinados exclusivamente a viáticos nacionales para los diputados y diputadas, lo que representa el 90 % del total del gasto en este rubro.

Este alto gasto ha generado gran preocupación, especialmente en el contexto económico actual del país, marcado por la pobreza y la crisis fiscal. El uso de estos fondos ha sido objeto de constantes críticas, ya que la ciudadanía y varias organizaciones de la sociedad civil cuestionan la falta de transparencia y el despilfarro de recursos destinados a viajes y desplazamientos de los legisladores, en lugar de invertirse en proyectos que puedan beneficiar directamente a la población.

El informe también señala que los gastos en servicios personales y transferencias constituyeron una parte significativa de la ejecución del presupuesto del Congreso. Estos rubros, junto con los gastos de viaje, suman un 90 % de los recursos utilizados por el poder legislativo. Esto pone en evidencia una vez más la falta de control en el manejo de los fondos públicos, en una de las instituciones clave del Estado.

En un país donde la corrupción y el despilfarro de recursos son temas recurrentes, el informe del MIC exige una revisión urgente de las políticas de gasto público en el Congreso Nacional. La situación demanda la implementación de mecanismos de fiscalización más rigurosos y la exigencia de mayor rendición de cuentas, con el fin de garantizar que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y en beneficio del bienestar de la ciudadanía.