Crisis institucional en Guatemala podría conducir hacia un eventual rompimiento del orden democrático

Tal es el grado de indignación en diversos sectores de la sociedad chapina por la retención del investigador de la CICIG, Yilen Osorio.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) alertó que Guatemala está a un paso de la ruptura del orden democrático, al impedir el ingreso al país de Osorio, quien se encuentra en las instalaciones del aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital.

La CIJ considera que este acto del gobierno de Guatemala de “detener ilegalmente” a un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas constituye “delitos graves” que atentan, incluso, en contra de los principios de la ONU.

El director para Centroamérica de la CIJ, Ramón Cadena, advirtió que en Guatemala la coyuntura actual demuestra que se está presentando una “alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático”.

“Esta coyuntura indica que si persiste la crisis, podría llegar a darse el supuesto de la ruptura del orden democrático, lo cual traería consecuencias graves para el respeto de los derechos humanos”, enfatizó que la prohibición de ingreso al país de un funcionario de la CICIG, “nos indica que estamos a un breve paso de la ruptura del orden democrático”.

En un pronunciamiento público, una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas calificaron de “vergonzosa” esa decisión y exigieron a la fiscal general, María Consuelo Porras, que investigue y ordene la captura de Miguel Antonio Cantoral Dávila y de Irma Cruz Suntecún.

Ambos son delegados de Migración en el aeropuerto Internacional La Aurora. “Exigimos a los funcionarios incumplir órdenes evidentemente ilegales provenientes de sus superiores entre estos el Presidente (Jimmy Morales) y los responsabilizamos de cualquier daño que ponga en riesgo la seguridad e integridad física del señor Yilen Osorio”, expresaron.

La crisis entre el gobierno del presidente Morales y la CICIG comenzó en agosto del 2017 cuando el mandatario declaró “non grato” a su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, y trató, sin éxito, de expulsarlo del país.

Guatemala crisis institucional

 

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