Ministro Cerrato acusa manipulación; agricultores denuncian pérdidas y falta de apoyo
Tegucigalpa, Honduras. El conflicto en el sector cebollero de Honduras continúa, con posiciones encontradas entre el gobierno y los productores. Mientras el ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, sostiene que la crisis se debe a la manipulación del mercado por parte de los importadores, los agricultores de Ocotepeque rechazan estas acusaciones y denuncian pérdidas millonarias debido a la falta de comercialización de su producto.
El problema ha escalado al punto de que los productores advierten con movilizaciones si no se encuentra una solución que garantice la venta de su cosecha.
La versión del gobierno: «El mercado estaba monopolizado»
El ministro Fredis Cerrato defendió las regulaciones implementadas por el gobierno para evitar la manipulación del mercado y proteger tanto a los productores como a los consumidores. Explicó que, en el pasado, un grupo reducido de importadores y algunos productores controlaban la comercialización de la cebolla, estableciendo acuerdos exclusivos que limitaban la competencia.
«Se creó un monopolio donde solo unos pocos podían importar cebolla, dejando fuera a otros actores del mercado. Con la nueva regulación, ahora cualquier persona puede importar, pero bajo el control de PRONAGRO, que evalúa si hay suficiente producción nacional antes de autorizar importaciones», afirmó Cerrato.
El funcionario aseguró que, hasta el momento, no se ha autorizado la importación de cebolla en 2024 y que el producto extranjero que circula en el país proviene del contrabando. En este sentido, indicó que el gobierno ha sostenido reuniones con la Policía y Aduanas para frenar esta práctica.
Además, Serrato señaló que los productores han sido presionados por los importadores para que pidan la eliminación del reglamento de control de importaciones. «Nos sorprendió que los mismos productores exigieran que derogáramos la regulación. Luego descubrimos que esto era una exigencia de los importadores, quienes les dijeron que no les comprarían la producción si no lograban esa eliminación», denunció.
La postura de los productores: «Las pérdidas son reales y no hay apoyo»
Por su parte, Marcos López, productor de cebolla en Ocotepeque, desmintió las declaraciones del ministro y aseguró que los agricultores no están aliados con los importadores, sino que dependen de ellos porque no tienen un canal propio de comercialización.
«Nosotros no tenemos el mercado, lo tienen los importadores. Si ellos no compran, la cebolla se queda en el campo y se pierde. Ahora el ministro nos acusa de estar en confabulación con ellos, pero la realidad es que el gobierno nos dejó sin apoyo y con pérdidas millonarias», expresó López.
El productor explicó que, con la eliminación de la veda que protegía seis meses del año para la producción nacional, el mercado se ha saturado y los precios han caído, afectando gravemente a los agricultores. Según sus cálculos, solo en Ocotepeque las pérdidas ascienden a unos 80 millones de lempiras.
Ante esta situación, los productores han manifestado que si el gobierno no interviene, están dispuestos a movilizarse para exigir soluciones. «Si esto no se arregla, nos vamos a las calles. No podemos seguir perdiendo nuestras cosechas mientras el gobierno nos ignora», advirtió López.
¿Se puede encontrar una solución?
El ministro Cerrato ha manifestado su disposición a revisar la normativa vigente junto con la ministra de Agricultura para hacer ajustes que permitan un equilibrio entre importaciones y producción local. Sin embargo, enfatizó que la prioridad del gobierno es garantizar precios accesibles para los consumidores y evitar la manipulación del mercado.
Por su parte, los productores insisten en que se debe restablecer una regulación que garantice un espacio de comercialización para la producción nacional antes de permitir importaciones masivas. También han solicitado apoyo del gobierno para mejorar la distribución y venta de su producto.
Mientras ambas partes mantienen posturas firmes, la crisis en el sector cebollero sigue sin una solución clara, afectando tanto a los agricultores como a los consumidores hondureños.
