Presidenta del CNE y exoficial militar coinciden en que el mandato castrense era garantizar la transparencia electoral

Tegucigalpa, Honduras. El papel de las Fuerzas Armadas de Honduras en el reciente proceso electoral sigue generando cuestionamientos. Mientras la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, les recordó su compromiso con el proceso electoral en una publicación que también implica una crítica a su desempeño, el abogado penalista y exoficial Germán Licona fue más allá, acusando a la institución castrense de haber sido cómplice de irregularidades y posibles delitos electorales.

En su mensaje en redes sociales, López evocó las palabras que dirigió a los militares el pasado 8 de febrero, cuando asumieron la responsabilidad del resguardo y traslado del material electoral:

“Hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Honduras: hoy la historia los convoca a una misión que trasciende el tiempo. El país los observa con expectativa y confianza, porque en sus manos recae la responsabilidad de resguardar la voluntad soberana del pueblo”.

Si bien a simple vista el mensaje parece un recordatorio del papel que debieron desempeñar, también puede interpretarse como una advertencia a las Fuerzas Armadas, insinuando que no cumplieron con el mandato que se les confió. Su publicación se da en medio de las investigaciones del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el traslado de las maletas electorales, que habrían generado demoras y anomalías en el proceso de votación.

Por su parte, el abogado Licona fue más contundente en sus declaraciones, asegurando que existió una “maquinación perversa” en el CNE con la complicidad de los altos mandos militares, lo que, a su juicio, afectó la transparencia del proceso.

“El trabajo que está haciendo el Ministerio Público es el que debió haber hecho en varios procesos eleccionarios. Aquí tiene que deducirse responsabilidades porque, si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen su fuero militar, al ser puestas a disposición del CNE, debían garantizar la transparencia”, afirmó en una entrevista con HRN.

Licona detalló que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral fue total, pues participaron en cada fase, desde la impresión del material electoral hasta su resguardo y distribución. Según él, cualquier irregularidad en la entrega de las maletas electorales solo pudo haberse dado con la complicidad de altos mandos castrenses.

“No se mueve un soldado si no se autoriza desde el más alto nivel. Aquí no hay margen para errores o desconocimiento de las órdenes. La pregunta es: ¿quién dio la orden para que esas maletas estuvieran varias horas en tránsito sin llegar a su destino?”, cuestionó.

Asimismo, enfatizó que la omisión de garantizar la transparencia del proceso podría encuadrarse dentro de los delitos electorales tipificados en el Código Penal. Entre ellos, mencionó la retención injustificada de documentos electorales, la alteración de los tiempos de entrega y el retraso intencional de los comicios.

“Aquí ya se violentó la Constitución y se cometieron delitos. El Ministerio Público tiene que perseguirlos. No se trata de ‘prueba y error’ como han dicho algunos, se trata de una violación flagrante a la voluntad soberana del pueblo”, aseveró.

Las investigaciones del Ministerio Público buscan esclarecer el nivel de responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos denunciados. Mientras tanto, las declaraciones de López y Licona refuerzan la percepción de que la institución castrense no cumplió a cabalidad con su deber de proteger la voluntad popular en los comicios.