«Corrupción profundamente alarmante»: proyecto de ley de Estados Unidos sancionaría al presidente hondureño: The Guardian

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El periódico ingles The Guardian publicó hoy en su portal  que un grupo de influyentes senadores demócratas están introduciendo una legislación que sancionaría a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, refiriéndose a él  como un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos.

Esas sanciones implicarían cortar la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades delictivas.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano, hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.

Joe Biden se ha comprometido a abordar las causas fundamentales de la migración desde el triángulo norte de América Central - Honduras, Guatemala y El Salvador - la región más violenta del mundo fuera de una zona de guerra oficial, que representa a la mayoría de los migrantes y refugiados que buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos.

Si es aprobado este proyecto de ley, marcaría un precedente, que dejaría en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible para Estados Unidos, si continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a la publicación, esto pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares en 2009, como resultado de la connivencia generalizada entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales.

También catalogan el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas.

Solo en el último año, al menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar las restricciones del toque de queda y el encierro, incluida la enfermera Kelya Martínez, quien a principios de este mes fue asesinada bajo custodia policial.

El senador Jeff Merkley dijo que “Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, señala The Guardian en su publicación que ha utilizado dinero de la droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder con pocas consecuencias de la comunidad internacional.

Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York, sería investigado bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El proyecto de ley también detalla el papel de Hernández en la desaparición del estado de derecho en el país: como congresista, apoyó el golpe de 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del poder judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para mantenerse en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados.

A Hernández, quien hasta ahora ha disfrutado de una relación cercana con líderes militares y políticos clave, se le revocaría su visa a Estados Unidos y se congelarían los activos como parte de las sanciones propuestas.

Tomado y traducido de The Guardian

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