Conozca el informe integro de la Comisión del CN, responsables de investigar a operadores de justicia

Conozca el informe integro de la Comisión del CN, responsables de investigar a operadores de justicia

La noche del martes la comisión especial nombrada por el Presidente del Congreso Nacional, encargados de  investigar las actuaciones de los Operadores de Justicia involucrados en el tema de extradiciones, recomendó este martes realizar un juicio político al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, y el Fiscal General, Oscar Chinchilla.

Una recomendación que tomo el protagonismo durante la presentación del informe,  y que dejo en evidencia que Libre no cuenta con los votos para poder destituir al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.

A continuació n, les presentamos el informe integró que elaboró la Comisión Especial:

HONORABLE CONGRESO NACIONAL:

Los suscritos, miembros de la comisión especial nombrada por el Presidente del Congreso Nacional, para investigar las actuaciones de los Operadores de Justicia involucrados en el tema de extradiciones, rendimos nuestro informe con los hallazgos realizados luego de las reuniones y visitas a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República.

Cada uno de los hechos plasmados en este informe fueron constatados por esta Comisión Especial, acompañando al mismo la documentación de respaldo correspondiente; plasmamos así mismo las conclusiones a las que arribamos y las recomendaciones que producto de ellas realizamos, las cuales quedan a criterio del pleno de la Cámara Legislativa.

H.D. Ramón Enrique Barrios

H.D. Jari Dixon Herrera

H.D. Silvia Ayala Figueroa

H.D. Maribel Espinoza Turcios

H.D. Netzer Edu Mejía

H.D. Mauricio Villeda Bermúdez

H.D. David Manaiza Ramírez

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL PARA INVESTIGAR LA LABOR DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE EXTRADICIONES

En su primera reunión de trabajo, la Comisión Especial trazó la ruta de trabajo para realizar la labor encomendada por el Señor Presidente del Congreso Nacional, Ingeniero Luis Redondo Guifarro, y compiló la legislación nacional vigente en materia den extradición. A continuación los hallazgos:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fuimos recibidos por el Presidente de ese Poder del Estado, junto con los Coordinadores de las diferentes Salas; se nos entregó un informe por escrito que contiene la fundamentación legal, tanto Nacional como Internacional para el manejo de las extradiciones. Nos ilustraron sobre el trámite que se sigue a las personas pedidas en extradición, solicitudes que les son remitidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Internamente, luego de la recepción por parte de la Corte Suprema de Justicia, se convoca al Pleno y se lleva a cabo la designación del Juez Natural.

Una vez designado el Juez Natural, éste, si procede, admite la solicitud, y libra la orden de captura a la Policía Nacional, DPI, ATIC.

Una vez capturada y presentada la persona ante el Juez Natural, se realiza la Audiencia de Información y medida de seguridad, se da la remisión de la documentación por parte del Estado solicitante y se convoca a audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, después de la cual se emite resolución. De interponerse recurso de apelación, se le da trámite al mismo, luego de lo cual se resuelve en sentencia sobre la procedencia o no de la extradición.

Si la persona solicitada tiene procesos judiciales en materia penal o ya ha sido condenada, si el Juez del caso considera procedente la extradición, la misma será diferida, luego del cumplimiento de la pena impuesta en Honduras o el cierre del o los procesos penales pendientes.

Se incluyó en el informe un listado de las extradiciones tramitadas por la Corte Suprema de Justicia (77 en total), en la que se dejaban en blanco los nombres de las 32 personas pendientes de captura, detallando en el resumen de datos que hay un total de 97 personas que han sido solicitadas en extradición, de las cuales 33 tienen extradición firme (proceso cerrado), 6 personas se encuentran con extradición diferida, en ese momento 2 con extradición en trámite, 19 personas a quienes  se les  retiró la solicitud de extradición y  5 personas con denegatoria de la solicitud.

Al considerar esta Comisión que no estaba completa la información brindada por el  Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se le envió solicitud por escrito, para que remitiera en sobre sellado, el listado de las 32 personas  con orden  de captura pendiente y Certificación de los procesos tramitados sobre extradiciones e informe sobre los trámites ante el Juzgado de Privación de Dominio de bienes de origen ilícito; al respecto se remitió el listado de las 32 personas, el cual fue entregado en sobre sellado al Señor Presidente del  Congreso Nacional y se encuentra depositado en la caja fuerte de este Poder del Estado, sin que ningún miembro de esta Comisión haya tenido acceso al mismo, para no entorpecer la labor de ubicación y captura respectiva; sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no entregó la Certificación de los procesos de extradición tramitados ni el informe de los trámites ante el Juzgado de Privación de Dominio, en su lugar, se hizo llegar el Oficio PCSJ No. 204-2022 dirigido al Honorable Diputado Presidente de esta Comisión Especial donde se le solicita comprensión y más tiempo para remitir lo solicitado.

Esta Comisión deja constancia que los nombres de todas las personas solicitadas en extradición son conocidos por la representación diplomática del Estado Requirente, y las personas involucradas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la Corte Suprema de Justicia, el Juez Natural asignado a cada caso, la Policía Nacional y las dependencias internas del Ministerio Público.

Es importante destacar, que durante se realizaba el trabajo de esta comisión especial, hubo varias actuaciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que consideramos inoportunas y que no están apegadas a la responsabilidad que debe caracterizar al Presidente de un Poder del Estado, actuaciones que a continuación se detallan:

1.- Publicó en sus redes sociales que la Comisión Especial tenía ya en sus manos el informe de los extraditables con orden de captura pendiente, a sabiendas de que el listado se le solicitó en un sobre lacrado para que no hubiera filtración de los nombres contenidos en la lista.

2.- Durante la audiencia de proposición y evacuación de la prueba en la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández, se le dio acceso al reo a una sala de uso exclusivo de los y las Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y desde la propia silla del Presidente de ese Poder del Estado, se le brindó la oportunidad y los medios electrónicos para que transmitiera un mensaje a la nación.

3.- Habiendo transcurrido un mes desde que se le solicitó información necesaria para cumplir con el mandato asignado a ésta Comisión Especial, todavía no la ha remitido.

MINISTERIO PÚBLICO

En la reunión de trabajo sostenida con el Fiscal General de la República con esta Comisión Especial, nos atendió acompañado de sus asesores y el Director de la DPI.

Nos entregaron un informe que contiene el marco conceptual de la extradición activa y pasiva, los procedimientos y tratados de extradición vigentes en Honduras; también informaron sobre solicitudes de asistencia, las extradiciones solicitadas por el Ministerio Público (activas). También informaron sobre las operaciones de ATIC y DLCN, así como el informe de las acciones realizadas en las causas correspondientes a las personas que se encuentran en proceso de extradición.

En la reunión informaron que aunque no tienen una intervención directa en el  proceso de extradición, a solicitud de algunas agencias estadounidenses han intervenido en algunos operativos de ubicación y captura de extraditables; informaron así mismo que el Ministerio Público ha procesado a dos de los ciudadanos extraditados a Estados  Unidos y que los Tribunales de la República los absolvieron; indicaron que han denunciado el accionar de algunos Jueces y que se  han desestimado dichas denuncias y que hace siete años venían realizando una investigación sobre las actuaciones del extraditado Juan Orlando Hernández y hace dos años le realizan una investigación patrimonial.

La Comisión Especial solicitó al Ministerio Público, mediante comunicación escrita, la ampliación de varios extremos:

1.- Certificación con número de expedientes, detalle de todas las acciones de privación de dominio promovidas contra personas solicitadas en extradición, indicando cuales fueron promovidas por el Ministerio Público. Se nos entregó informe contentivo de 19 casos.

2.- Certificación de todos los antejuicios promovidos por el Ministerio Público, desde el año 2014 a la fecha, cuantos han sido admitidos, cuantos han resultado en condenas y cuantos Jueces siguen en sus cargos a pesar de su enjuiciamiento. Se nos remitió informe de la Fiscalía para el enjuiciamiento de Funcionarios y servidores del sector, conteniendo el detalle de 30 antejuicios y 13 requerimientos fiscales.

3.- Se le solicitó al Ministerio Público certificar en qué casos concretos la Corte Suprema de Justicia libró orden de captura directamente al Ministerio Público en casos de Extradición, informando que las órdenes de captura en los procesos de extradición solicitadas por Estados Unidos de América, el Juez Natural las envía a la Secretaría de Seguridad, quien las ejecuta, acompañando en el anexo 2 la documentación pertinente.

4.- Se pide a la Fiscalía General de la República informe cuales son las funciones de la Dirección de Investigación e inteligencia Nacional, transcribiendo en su informe el artículo 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, DECRETO 211-2012, así como la transcripción del artículo 7 de la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Decreto 239-2011.

5.- Al solicitarle informe sobre la Reciprocidad en la colaboración en las investigaciones que ha solicitado el Ministerio Público a Agencias Estadounidenses y en cuanto a pedidos en extradición por parte de nuestro País al Gobierno de los Estados Unidos, informando que en términos generales, las solicitudes de asistencias Jurídicas internacionales requeridas a los Estados  Unidos de América han sido tramitadas oportunamente, sobre todo en casos emblemáticos de impacto nacional, como el caso del IHSS y Caso Pandora. Finalmente informan, con la documentación de respaldo contenida en el anexo 3, sobre las 2 solicitudes de extradición activa, pero no detallan si obtuvieron el apoyo solicitado y la respuesta esperada.

6.- Finalmente se le solicitó al Ministerio Público que informara si el Fiscal General autorizó la difusión del video grabado por el Ministerio Público de la reunión sostenida con esta comisión especial, respondiendo que sin autorización del Fiscal General, el Jefe de Relaciones Públicas hizo 6 fotografías y un video de 22 segundos que bajo su responsabilidad se difundió en el Twitter oficial, sabiendo de la confidencialidad que revestía dicho acto, por lo que se procedió a sancionar administrativamente al funcionario responsable.

Esta Comisión Especial, recibió información y testimonios de Detectives de la DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO y un Fiscal del Ministerio Público, quienes entregaron documentación relacionada a ordenes ilegales, obstrucción de su trabajo, relevos de cargos y otras situaciones irregulares de la Actual Directora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, SORAYA CAROLINA CALIX.

Denunciaron así mismo seguimientos, actos de intimidación y amenazas en su contra, la alteración de informes de investigaciones que realizaron sobre personas vinculadas con el narcotráfico y varios extraditables, también la falsificación de la firma de uno de los Detectives de esa Dirección.

Un Fiscal del Ministerio Público, que en su momento laboró directamente con el Abogado ROLANDO ARGUETA, cuando fungió como Director de Fiscales del Ministerio Público, declaro sobre conversaciones frecuentes sostenidas con Argueta, en una de las cuales le preguntó “ y usted que haría si le ofrecieran una fuerte suma de dinero, si la hubiera recibido donde la guardaría”

Se nos entregó copia con acuse de recibo de informe presentado al Abogado Oscar Fernando Chinchilla, Fiscal General de la República, por un detective de la DLCN, quien le detalla al Señor Fiscal General las diferentes acciones de protección de la Titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Abogada SORAYA CAROLINA CALIX PONCE, a favor del cartel de los HERNANDEZ ALVARADO socios del cartel de los ARDON SORIANO. Se acompaña copia de la denuncia en los anexos, comunicación oficial que

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Esta comisión Especial, fue recibida por el Secretario de Seguridad y miembros de la Dirección Nacional de la Policía. Realizaron una presentación de los Extraditables 2014-2022 donde detallaron el proceso de extradición, con énfasis en lo concerniente a esa Secretaría de Estado, detallada de la siguiente manera:

La Secretaría de Seguridad recibe de la Corte Suprema de Justicia la orden de captura con fines de extradición y la turna al Director General de la Policía Nacional, quien realiza las acciones correspondientes de planeación, despliegue y ejecución de las operaciones básicas y especializadas, manteniendo los protocolos de reserva y discrecionalidad para garantizar el éxito de la misión encomendada.

Se le presentó a esta Comisión Especial un listado de 28 extraditables capturados en Honduras y extraditados a Estados Unidos, 13 extraditables que se entregaron voluntariamente en el extranjero, 5 extraditables capturados en el extranjero y extraditados a Estados Unidos de América; 7 extraditables capturados en Honduras, pendientes de extradición y 41 extraditables (sin nombre en el listado) pendientes de captura y extradición.

Es de hacer notar la decisión del actual titular de la Secretaría de Seguridad y los actuales Director y Sub director de la Policía Nacional, de cumplir con la labor que les corresponde en el tema de las extradiciones, teniendo inclusive que buscar alguna información referente a ordenes de captura pendientes, ya que las mismas no se encontraron en los archivos de esa Secretaría, solicitando a su vez, a la Corte Suprema de Justicia, la actualización de varias órdenes de captura bastante antiguas que no habían sido ejecutadas.

SECRETARIA DE DEFENSA

El Señor Secretario de Defensa recibió a esta Comisión Especial, junto con el Señor Sub Secretario, informando, que la Secretaría de Defensa, aún cuando no es parte de los operadores de Justicia, ni esta vinculada al proceso judicial de las extradiciones, en la práctica participa de la siguiente manera:

1.- En apoyo a los operativos realizados por la Policía Nacional y Ministerio Público para ubicación y captura de los extraditables, cuando así se los solicitan.

2.- Algunos de los pedidos en extradición, mientras se realiza la tramitación de los procesos, son remitidos por el Juez natural que conoce de la causa a las celdas ubicadas en el Primer Batallón de Infantería, unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras.

3.- Acompañan el proceso de entrega de los extraditables, el cual se realiza en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, también perteneciente a las Fuerzas Armadas de Honduras, apoyando con la evaluación médica para acreditar el estado de salud en la que es entregado el extraditado ante las autoridades del País requirente.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Fuimos atendidos por el Señor Canciller General de la República, quien nos brindó un listado parcial de las personas solicitadas en extradición, no habiendo podido completar el mismo en virtud de que en los archivos de esa Secretaría de Estado no se encontraban los expedientes ni información completa sobre este extremo.

CONCLUSIONES

 Sobre la conducta administrativa de funcionarios públicos

Esta Comisión, previo a emitir sus conclusiones examinamos las normas jurídicas aplicables a la conducta de los funcionarios públicos que intervienen directa o indirectamente con motivo de los procesos de extradición, así:

1.- Que por una parte, de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Ministerio Público, son sus atribuciones, entre otras las siguientes:

1o.- Velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y las demás leyes;

2o.- Ejercitar de oficio las acciones penales que procedan de acuerdo con la ley;

3o.-Velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia y porque en los Juzgados y Tribunales de la República se apliquen fielmente las leyes en los procesos penales y en los que tenga que ver el orden público por las buenas costumbres;

5o.- Formular denuncia ante quien corresponda contra Magistrados, Jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial cuando incurran en faltas que den lugar a sanción disciplinaria. Que conforme el artículo 17 de la citada ley, el Ministerio Público está bajo la dirección, orientación y supervisión del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por medio de los funcionarios o empleados que determina la ley.

De lo expuesto se colige que era un deber ineludible de parte del Fiscal General investigar y enjuiciar en su caso, a todos y cada uno de los Hondureños que posteriormente fueron solicitados en extradición. Que, asimismo, constituía un deber promover los antejuicios y acciones de responsabilidad civil contra los jueces y magistrados que sobreseyeron por los delitos de narcotráfico a quienes posteriormente resultaron extraditados y condenados en los Estados Unidos de América por tales delitos, así como los antejuicios penales y acciones civiles correspondientes contra los Magistrados que declararon sin lugar los antejuicios promovidos contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes.

2.-Que por otra parte, al haber sido declarada inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y la omisión de la no aprobación de una nueva ley por parte del Congreso Nacional, permitió que la Corte Suprema de Justicia, por carecer de la referida ley, en consecuencia, de un órgano administrativo que se encargue de la  Organización de la Carrera Judicial y la reglamentación del Servicio, el régimen de administración del personal y  disciplinario de los funcionarios y empleados del poder judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia delegara en el Presidente de ese poder del Estado y mediante la aplicación del Reglamento de la Supervisión General del Poder Judicial, quien ejerce “la vigilancia judicial administrativa en forma transversal en todas las dependencias que conforman ese Poder del Estado, verificando que las actividades y servicios que se presten se hagan en forma eficiente, oportuna, eficaz e imparcial, mediante el examen de la conducta de los funcionarios y empleados judiciales y el cuidado del correcto desempeño de sus deberes.”

De lo expuesto se colige que jerárquicamente el máximo revisor de la conducta de jueces y magistrados es precisamente el Presidente del Poder Judicial, quien a través de la Supervisión General del Poder Judicial, no sancionó como correspondía, a los jueces y magistrados que conociendo de causas penales contra narcotraficantes le sobreseyeron las causas y tampoco se sancionó a Magistrados de Cortes de Apelaciones, quienes conociendo de los antejuicios formulados contra jueces declararon sin lugar los mismos pese a que tales jueces  dejaron en completa libertad a narcotraficantes que posteriormente fueron condenados en los Estados Unidos de América.

3.- Que a la Secretaría de Seguridad “le compete velar por la conservación del orden público; la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; auxiliar en la preservación del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones emitidas por las autoridades y funcionarios públicos, y el auxilio a los poderes públicos, dentro del marco de la Ley; la seguridad en la migración legal y del tráfico ilegal de personas; la represión del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos; la regulación y control de los servicios privados de seguridad; el registro y control de actividades potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público tales como la producción, comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de delitos.”

Que a pesar de haberse realizado 98 solicitudes de extradición, las autoridades actuales constataron que desaparecieron algunos de los expedientes contentivos de las órdenes de captura de personas solicitadas en extradición, los cuales han tenido que ser reconstruidos por la nueva administración.

4.- Que para examinar la conducta administrativa de los funcionarios públicos, se hace necesario citar los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 321 y 323 que los cuales dimana el régimen de responsabilidad de tales funcionarios al expresarse: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”

Que de la investigación realizada por esta Honorable Comisión sobre los hechos relacionados directa e indirectamente con las solicitudes de extradición de Hondureños, hemos examinado especialmente las conductas administrativas de los funcionarios públicos ROLANDO EDGARDO ARGUETA, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS y la ciudadana BLANCA IZAGUIRRE, dado que de los hechos investigados se derivan o tienen conexión directa con las graves imputaciones que Fiscales de Nueva York, Estados Unidos de América, han formulado contra el hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado y otros narcotraficantes Hondureños que ya han sido juzgados y condenados en aquel país, consistente en que el hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado utilizó el poder político para ganar de forma fraudulenta las elecciones para el cargo de Presidente de la Republica y que desde esa posición de alto poder y abusando del mismo, controló especialmente a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras, como ha quedado evidenciado en distintos juicios conocidos por la corte del Distrito Sur de Nueva York.

5.- Que del examen de los hechos objeto de la investigación, concluimos que titulares de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, con motivo de las extradiciones o hechos relacionadas a éstas, les han dado a los ciudadanos requeridos en extradición, tratos diferentes con lo se rompió con el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenidos en el precepto Constitucional establecido en su artículo 60, por las razones siguientes:

En el Caso particular del Presidente de la Corte Suprema de Justicia:

  1. A) Jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron sobreseimientos definitivos a favor de FREDY DONALDO MARMOL, que posteriormente fue condenado en los Estados Unidos de América por casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, no fueron sancionados ni administrativa, ni penal y ni civilmente por sus conductas al margen de la ley.

 

  1. B) Los jueces que dictaron sobreseimiento a favor de FREDY DONALDO MARMOL no fueron condenados ni sancionados administrativamente por sus conductas típicas en el ejercicio de su cargo conforme el Informe presentado por el Ministerio Público.

 

  1. C) Magistrados que conocieron solicitudes de antejuicio promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes aún permanecen en sus cargos, a pesar de haber denegado los antejuicios promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a tales narcotraficantes.

 

  1. D) Se le permitieron a Juan Orlando Hernández privilegios como hacer uso del salón en donde sesiona el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se le facilitaron los medios electrónicos y se le permitió enviar un mensaje a la nación y a la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna al responsable.

En el Caso particular del Fiscal General y Fiscal adjunto:

  1. E) Se abstuvo de promover la acción de Responsabilidad Civil contra los jueces y magistrados que dictaron sobreseimiento a favor de FREDY DONALDO MARMOL.
  2. F) No se promovió el antejuicio contra los Magistrados que declararon sin lugar los antejuicios promovidos contra jueces que sobreseyeron las causas penales promovidas contra el señor FREDY DONALDO MARMOL.

En el caso particular de la Comisionada de los Derechos Humanos:

La Señora BLANCA S. IZAGUIRRE, rompió también con el principio de igualdad ante la Ley al realizar gestiones especiales a favor del extraditado Juan Orlando Hernández, al realizar un procedimiento de investigación de las condiciones en que se encontraba detenido el extraditado, constatando que se encontraba en un espacio apropiado, contando con ventilación natural adecuada y suficiente luz, un baño completo para uso personal. Lo cual garantizaba condiciones dignas, también verificó que la esposa del extraditado tenía acceso a visitarlo a diario en un principio y después se adecuó el calendario de visitas a las disposiciones establecidas en los otros centros penitenciarios.

Investigó además la Comisionada de Derechos Humanos sobre la filtración de una fotografía tomada al extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado mientras se encontraba en la habitación en la que aguardaba su proceso de extradición, realizando la funcionaria el reclamo por la exposición a la que había sido sometido el reo.

Solicitó también la Comisionada de Derechos Humanos, copia íntegra de Plan Delta sobre la seguridad de las instalaciones y protección física del extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado.

Las primeras acciones demuestran un interés y diligencia desmedido por parte de la Señora Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, quien nunca ha realizado las mismas acciones a favor de los miles de privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros de reclusión del País y la solicitud del Plan DELTA DE SEGURIDAD, constituye una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, que deja claro el interés en el caso particular que le ocupaba.

Que son evidentes las conductas administrativas negligentes de tales funcionarios públicos, denotando una indiscutible incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo que constituyen actuaciones contrarias a la Constitución de la República que dan lugar a desaprobar su conducta, habida cuenta de que los graves señalamientos que han hecho en diversos juicios los Fiscales en los Estados Unidos de América en los que imputaron que el ex gobernante Juan Orlando Hernández Alvarado al poseer amistades en las distintas esferas políticas y judicial entre otras, éstos omitieron actuar conforme les impone la Constitución y las leyes y les proporcionaron información a los narcotraficantes con el objetivo de evadir la justicia en Honduras.

Que tales conductas administrativas, negligentes, que denotan una evidente incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, constituyen actuaciones contrarias a la Constitución de la República que dan lugar a desaprobar su conducta mediante el juicio político correspondiente

El juicio político tiene en principio, como único fin, separar a los incursores de sus funciones, como mecanismo de garantía para la sociedad contra los actos inmorales, típicos e ineptos de los mismos en el desempeño de sus funciones. No se habla entonces de un proceso penal, la resolución no goza de un imperativo judicial, limitándose meramente, como hemos mencionado, a la separación del cargo, para su posterior derivación, si así lo amerite el caso, a un proceso judicial.

6.- Asimismo, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores LIZANDRO ROSALES BANEGAS y Secretaría de Seguridad JULIAN PACHECO TINOCO que fungieron en dichos cargos hasta Enero del año 2022, rompieron igualmente el principio de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación contenidos en el precepto Constitucional establecido en el artículo 60.

7.- La actual Comisionada de los Derechos Humanos dio trato preferencial al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, rompiendo el principio de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación contenidos en el precepto Constitucional establecido en el artículo 60.

8.- Que no se ha cumplido con la aprobación de una Ley procedimental para las extradiciones, ya que actualmente existe únicamente un Auto Acordado en el cual se establece un procedimiento de doble instancia como si se tratase de un procedimiento de Juzgamiento y no de un procedimiento administrativo entre Estados.

 RECOMENDACION AL PLENO

I.- Recomendar al Poder Ejecutivo que incorpore al Tratado de Extradición otros tipos penales.

II.-Decretar la Ley de Extradiciones que cumpla con las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenciones Internacionales suscritos por Honduras.

III.-En virtud de que la Comisionada de los Derechos Humanos, actuó de forma parcializada en el ejercicio de su cargo, privilegiando al hoy extraditado JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, evidenciando acciones concretas que ocasionan perjuicio al interés público, se recomienda su interpelación ante el Pleno del Congreso Nacional.

IV.- Por la gravedad de acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición o los que se presentaron voluntariamente en los Tribunales de Justicia extranjeros por delitos de tráfico de Estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, o que denotan la incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, actuaciones comprendidas en la causal contenida en el artículo 5 numeral 2 de la Ley Especial de Juicio Político, esta Comisión recomienda el Juicio Político en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General.

 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 26 de Abril del año 2022.

 

 

H.D. RAMON ENRIQUE BARRIOS

 

 H.D. JARI DIXON HERRERA                                    H.D. SILVIA AYALA FIGUEROA

 

 

H.D. MARIBEL ESPINOZA TURCIOS                      H.D. NETZER EDU MEJIA

 

 

 

 H.D. MAURICIO VILLEDA BERMUDEZ.                   H.D. DAVID MANAIZA RAMIREZ

 

 

 

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